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Hasta la fecha, la  ha registrado cerca de 200 casos de detenciones arbitrarias, debido a una deficiente identificación de los verdaderos culpables.

Varios de los recluidos injustamente en los penales perdieron un proyecto de vida, su trabajo, sus aspiraciones, lo cual causó dolor y gastos económicos a sus familias.

En ninguno de estos casos, los afectados recibieron alguna indemnización tras su liberación, debido a la ausencia de un marco legal. Así lo advirtió a Correo Imelda Tumialán, jefa del Programa de Protección de Derechos en Dependencias Policiales de la Defensoría del Pueblo.

MÁS CASOS EN LIMA. “Hemos tenido algunos casos de detenciones de hasta 10 días en el penal. Por ejemplo, en el proceso buscaban a un Carlos Castro Acuña, pero como el fiscal no lo encontraba por ser un menor de edad, entonces detuvieron a Juan Carlos Castro Acuña, ciudadano distinto al sujeto procesado. Todos los casos son así, por nombres distintos”, explicó.

En todos estos casos, la  determinó la vulneración de los derechos a la identidad y al debido proceso, para luego lograr la restitución de la libertad.

De acuerdo con la estadística a la que este diario tuvo acceso, las detenciones arbitrarias ocurrieron en su mayoría en Lima (35%), Piura (11%) y Puno (7%).

MODIFICAR LA LEY. Actualmente, el organismo defensorial viene trabajando en la modificación de la Ley de Errores Judiciales y Detenciones Arbitrarias, que no permite la entrega de indemnizaciones, aunque los parámetros de pago ya han sido definidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El valor del pago de la reparación económica es diferente para cada caso, pues hay personas detenidas que tienen hijos o han gastado dinero en abogados para salir libres en el más breve plazo de la injusta detención.

“La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, conoció el tema y nos apoyó para el proyecto de ley, pero parece que le ganó el tema de seguridad ciudadana. Ahora, la congresista Clemente Flores nos ha dicho que presentará este proyecto después de julio, pues la primera legislatura del año ya culminó”, acotó.

UN DURO EJEMPLO. Tumialán recordó el lamentable caso de Fidel Castro Acuña, detenido en Piura por homonimia, quien entró en una etapa de depresión y terminó acabando con su vida.

“Por casos como el de Fidel, hacemos una invocación a la Policía Nacional y al Ministerio Público para que respeten la identidad y no se limiten solo al nombre para involucrar a alguien en un proceso”, instó la funcionaria.

El  también advirtió que las personas que han sido recluidas injustamente sufrieron depresión y estrés por el encierro injusto.

Los perjudicados con detenciones arbitrarias pueden acudir a la Fiscalía Suprema de Control Interno y hacer un reclamo o presentar su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para intentar obtener algún tipo de resarcimiento.

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