El siguiente es un caso de cómo la administración de justicia puede adecuarse a tal o cual lado de acuerdo con la valoración subjetiva de los jueces, pues resulta que, habiéndose comprobado que se cometió un delito en contra del Estado peruano, el o los culpables se pierden entre la confusión por obra y gracia de los magistrados encargados de administrar justicia en el Poder Judicial.

EL CASO. La Sala Penal de Apelaciones de la Provincia de San Román - Juliaca, integrada por dos expresidentes de la Corte Superior de Justicia de Puno y un juez superior, decidió recientemente revocar la sentencia impuesta por el Juzgado Penal Unipersonal de San Antonio de Putina a la profesora Yeny Vilca Zapana, quien fue condenada a dos años de pena privativa de libertad suspendida por haber sido encontrada autora de la comisión del delito contra la fe pública en su modalidad de falsificación de documentos, en su forma de uso de documento privado.

La revocación de la sentencia de primera instancia se dio el pasado 28 de enero del 2013, cuando los expresidentes de corte Reynaldo Luque Mamani y Rómulo Carcausto Calla, además del juez superior Jesús Gallegos Zanabria, firmaron la resolución Nº 35-2013, que absuelve de toda culpa la imputada.

LA HISTORIA. Todo este caso empezó cuando la profesora Yeny Vilca Zapana se presentó al proceso de nombramiento docente el 1 de diciembre del año 2009; postulaba en esa ocasión a la plaza de comunicación en la Institución Educativa Secundaria Agropecuaria del distrito de Sina, perteneciente a la Unidad de Gestión San Antonio de Putina, provincia del mismo nombre.

La referida profesional presentó dentro de su expediente un documento que supuestamente acreditaba haber seguido un diplomado en Psicopedagogía en la Universidad César Vallejo, el cual lo habría cursado en la ciudad de Puno del 2 de marzo al 30 de octubre del 2009, pero al final las firmas que lo validaban fueron acreditadas como falsas, tal como fue demostrado en el juicio que se le siguió a Yeny Vilca.

PRUEBAS. Y es en el mismo documento donde se generaron dudas, puesto que en el diploma se aprecia que fue expedido el 30 de octubre del 2009, pero recibió una certificación notarial del abogado Vilca Monteagudo en fecha 9 de febrero del 2009; o sea el documento fue legalizado -cosa curiosa- varios meses antes de que fuera expedido por la Universidad César Vallejo.

A consideración de la profesora Yeny Vilca, esta incongruencia se explicaría por un supuesto error de la notaría en mención.

Además, como para reforzar la veracidad del documento que debía servir para el nombramiento magisterial de Yeny Vilca Zapana, la aludida presentó el 18 de marzo del 2010 ante el entonces titular de la Dirección Regional de Educación de Puno (DREP), Germán Condori Quiñonez, un informe emitido por la Universidad César Vallejo, en el que se indicaba que, efectivamente, se llevó tal diplomado.

NO TENÍA ARGUMENTO. Todo esto fue desbaratado cuando a la Fiscalía Provincial Mixta de San Antonio de Putina llegó el oficio Nº 052-2010/R-UCV (de fecha 17 de febrero de 2010), emitido por Sigifredo Orbegoso Venegas, rector de la Universidad César Vallejo, en el cual se señala que la firma que aparece en el diploma no es de él, sino que fue falsificada por terceros.

Es más, el 5 de julio del año 2010, en el local del Tercer Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, el aludido rector Sigifredo Orbegoso Venegas, al ser interrogado por el representante del Ministerio Público, sostuvo también que el informe presentado por la postulante al director regional de Educación es falso; por el contrario, ratificó el contenido del oficio Nº 052-2010/R-UCV.

ESTAFADA. La defensa de la profesora intentó salvarla aduciendo que, si bien el diploma no había sido emitido por la Universidad César Vallejo, ella no participó de la creación de dicho documento falso, por esa razón denunció por el delito de estafa a los supuestos organizadores del diplomado (Lidia Pimentel Longobardi, Javier Asmat Castro y Enrique Bravo Mamani); estos personajes, si bien tenían alguna ligazón con la referida universidad, fueron desautorizados completamente por el rector. Así Yeny Vilca, de acusada pasó a ser acusadora, aduciendo que fue víctima de estafa.

Pero eso no la salvó. Para el Ministerio Público estaba claro que Yeny Vilca utilizó el documento falso (diploma) incluso después de haberse enterado de que no era legal, en caso contrario, ella misma habría solicitado que el diploma sea retirado de su expediente.

Con esos argumentos, el 27 de setiembre del 2012 el Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de San Antonio de Putina dictaminó la sentencia en contra de la procesada Yeny Vilca Zapana, y le impuso dos años de pena privativa de libertad suspendida, no por ser autora o cómplice de falsificación sino por el uso de un documento falso; según se argumentó en el fallo, porque la profesora usó y defendió tal diploma a sabiendas de que era ilegal.

SEGUNDA INSTANCIA. Tras la lectura de sentencia, la protagonista de esta historia decidió apelar y el caso llegó donde Luque, Carcausto y Gallegos, quienes en forma cuestionable decidieron revocar el fallo de primera instancia con el argumento de que no hubo "dolo" de parte de Vilca, pues para ellos resulta ilógico que una persona asista a un curso, pague los derechos y se someta a exámenes de conocimiento a sabiendas de que recibirá un certificado falso. Aquí se refuerza la idea de que Vilca fue víctima de estafa.

No obstante, ese argumento se basa en la revisión del uso del documento falso (diploma) y no en la actitud de la maestra, puesto que como se recordará, no solo fue la utilización del diploma propiamente dicho, sino del Informe N° 007-2012, el mismo que también no era verdadero.

Aún peor, en la última decisión de revocación no se toma en cuenta la actitud de la parte docente, quien efectivamente sabiendo ya que el diploma era falso (inclusive denunció a los supuesto estafadores) persistió en su uso y defensa.

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