:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/e59763f0-250b-49c5-85b1-9e19b9dbf6eb.jpeg "Foto de Carlos Vásquez Romero")
Una nueva controversia en la justicia. La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial (PJ) ha propuesto la destitución de tres magistrados de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca: Ricardo Sáenz Pascual, Humberto Araujo Zelada y Domingo Alvarado Luis. El motivo: su actuación en un caso vinculado a un acusado de graves delitos. Actualmente, Sáenz Pascual es presidente de PJ de Cajamarca.
El proceso, tramitado bajo el expediente N.º 02562-2021-OCMA, se basa en una serie de comunicaciones internas entre el Ministerio Público, la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y la entonces Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), hoy convertida en la ANC. En dichos documentos se advierte una posible interferencia judicial en procesos relacionados con supuestas bandas criminales como “Los Sanguinarios de Huacrarucro” y “Los Duros de San Marcos”.
De acuerdo con el Oficio N.º 1253-2021-MP-FN-FECOR-CAJ, la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada advirtió que algunas decisiones adoptadas por los magistrados habrían favorecido a Willan Moreno Sánchez, procesado por homicidio calificado y otros delitos graves. Las evidencias incluyen audios, discos compactos y documentos que sugieren un posible favorecimiento orientado a obtener su liberación. El caso está registrado como Expediente N.º 178-2001.
La resolución N.º 12 del 22 de diciembre de 2022 dispuso formalmente el inicio del procedimiento administrativo disciplinario contra los jueces Sáenz Pascual, Araujo Zelada y Alvarado Luis, por su actuación en la Segunda Sala Penal de Apelaciones en adición de funciones a la Sala Penal Liquidadora.
Los cargos formulados son dos. El primero es la presunta solicitud y percepción de un beneficio para emitir una resolución favorable a Willan Moreno Sánchez, lo cual, de probarse, comprometería gravemente los principios de independencia e imparcialidad judicial establecidos en la Ley de la Carrera Judicial.
El segundo cargo está vinculado a una supuesta injerencia indebida a través de comunicaciones telefónicas extraoficiales provenientes de números identificados con apodos como “Cabeza” y “Anthony”, con supuestos vínculos familiares con el acusado.
Ambas conductas fueron tipificadas como faltas muy graves por contravenir normas como el artículo 16° de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los artículos 2°, 4° y 5° del Código de Ética de la Magistratura, que prohíben establecer relaciones extraprocesales.
El informe elaborado por la ANC no solo propone la destitución de los magistrados por el primer cargo, sino que los absuelve por el segundo, revelando posibles contradicciones técnicas dentro del mismo procedimiento.
DESCARGOS DE LOS MAGISTRADOS
El juez Ricardo Sáenz rechazó las imputaciones. En su descargo ante la ANC, explicó que el Ministerio Público emitió el Dictamen Fiscal Acusatorio N.° 11-2018, de 14 de enero de 2019, en el que solicitó declarar prescrita la acción penal por el delito de lesiones graves a favor de Moreno Sánchez.
Esta petición fue acogida mediante resolución judicial del 3 de noviembre de 2020, quedando vigente el proceso solo por el presunto homicidio de Manuel Alcántara Córdova.
Durante la audiencia del 6 de septiembre de 2021, la Fiscalía reconoció que no se había logrado acreditar la responsabilidad de los imputados.
Por su parte, el magistrado Humberto Araujo también negó participación en actos indebidos, calificando como infundadas y ofensivas las imputaciones. Afirmó que nunca existieron pruebas directas que lo vinculen con llamadas irregulares y que el fallo absolutorio fue objetivo en la decisión.
Este medio buscó una versión directa del juez Sáenz Pascual a través de la Oficina de Imagen Institucional del PJ Cajamarca, pero no se encontró respuesta al cierre de esta edición.
En su descargo ante la ANC, el juez Sáenz reconoció tener un vínculo familiar con Carlos Pascual Sáenz, a quien identificó como su primo hermano. Sin embargo, aclaró que nunca ha discutido con él sobre los procesos penales bajo su cargo.
