Defensoría del Pueblo en Huanta advirtió que 68 víctimas de la masacre de Putis, en Ayacucho no han sido identificadas y recomendó valuar poner el nombre de las víctimas que se encuentran enterradas en los mismos, a fin de continuar en el camino de cierre del círculo de dolor de los familiares.

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Representantes del módulo de la Defensoría del Pueblo en Huanta visitaron el cementerio de Rodeo, en el distrito de Putis, donde permanecen enterradas 92 de las 123 víctimas de la matanza ocurrida en esta localidad de la región Ayacucho, en diciembre de 1984. En esta jurisdicción, sometida por la violencia ocurrida entre los años 1980 y 2000, los deudos reclaman la identificación de los restos de sus familiares.

Cabe señalar, que el año 2009, se realizó un funeral colectivo, en el que se enterraron a 92 víctimas, de las cuales solo 28 se pudieron identificar a través de la prueba de ADN. A los demás se les otorgó códigos como identificación.

“En el camposanto del distrito de Putis no existe ninguna relación de las personas enterradas. En cada tumba solo hay códigos y no se sabe a quienes corresponden. Es necesario identificar con nombres los féretros”, sostuvo Richard Olivera, coordinador del Módulo Defensorial en Huanta.

Asimismo, señaló que también son justas las demandas de justicia de los deudos de las víctimas de Putis, quienes piden que se agilice el proceso penal en curso contra los presuntos autores de esta masacre.

Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), los pobladores de Putis, entre mujeres, hombres, niñas y niños, perdieron la vida en esta masacre, la cual habría sido ejecutada por efectivos militares de la base instalada en esta localidad.

Por otro lado, de acuerdo a la Ley n.° 28592. Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR) para las víctimas del periodo de violencia 1980-2000, los familiares de las víctimas tienen derecho a la reparación económica, vivienda, educación y salud, coordinación que se encuentra a cargo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La Defensoría del Pueblo continuará con la labor de seguimiento de reparación, justicia, memoria y verdad para las víctimas de esta grave vulneración de derechos humanos ocurrida hace 38 años en Putis.