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Más de 10 años han pasado desde los luctuosos hechos por el denominado “Baguazo”, ocurrido el 5 de junio del 2009, durante el segundo gobierno de Alan García. Sin embargo, el sistema de justicia aún no puede determinar la responsabilidad de la muerte de 23 policías, 10 nativos y un desaparecido,el mayor Felipe Bazán Soles.

Este fue el trágico saldo que dejó el enfrentamiento entre agentes e indígenas awajún wuampis y mestizos, luego de que estos últimos tomaran la zona de la Curva del Diablo, en Amazonas, como protesta por la promulgación de dos decretos legislativos que -a su juicio- derogaban el derecho a la consulta previa.

ABSOLUCIÓN

El último jueves, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema resolvió ratificar la sentencia absolutoria a favor de 53 indígenas por estos hechos.

La decisión contó con los votos en mayoría de los jueces supremos Jorge Calderón Castillo, Zavina Chávez Mella, Iris Pacheco y Susana Castañeda.

De esta manera, el tribunal supremo rechazó la apelación interpuesta por la Fiscalía de Bagua y la procuraduría del Ministerio del Interior contra el fallo exculpatorio de la Sala de Apelaciones de Bagua, dictado en setiembre del 2016. Entre los absueltos figuran Santiago Manuin y Alberto Pizango.

Con esta resolución no caben más impugnaciones y, en consecuencia, no se conocerá quienes fueron los responsables de la muerte de 33 personas en la infausta fecha.

En diálogo con Correo, Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) y quien representa a algunos de los indígenas exculpados, explicó que el razonamiento del tribunal de Bagua y de la Corte Suprema fue aplicar el “test de proporcionalidad”, que ponderó dos derechos constitucionales: el derecho al libre tránsito y el derecho a la defensa del territorio.

“La protesta de los indígenas ocurrió del 10 de abril hasta la madrugada del 5 de junio del 2009, en defensa de su territorio y el reclamo de los decretos legislativos que derogaban la consulta previa. Eso ponía en riesgo el territorio donde vivían. La justicia ponderó este derecho sobre el derecho al libre tránsito de la carretera tomada, Fernando Belaunde Terry”, explicó Quispe.

El defensor agregó que la justicia determinó que no hubo decesos durante el período de protestas.

“Las muertes ocurrieron en el desalojo, el día 5 de junio”, remarcó.

DESAPARECIDO

El sistema de justicia tampoco ha dado respuesta a la desaparición del mayor de la policía Felipe Bazán, quien fue conducido por un grupo de habitantes de la zona, con puntas y lanzas, a un lugar hasta el día de hoy desconocido.

Un año después de los sucesos en Bagua se difundió una fotografía que muestra a Bazán con el rostro ensangrentado, torso desnudo y en estado de indefensión.

Sobre estos hechos, el abogado Juan José Quispe dijo que el “Poder Judicial aún no ha fijado fecha para iniciar el juicio oral”.

“En 2016, el entonces presidente de la Sala Penal de Bagua, Gonzalo Zabarburu, determinó que se lleven cuatro procesos relacionados a los sucesos del 5 de junio del 2009, uno detrás del otro. Primero, ha sido los hechos ocurridos en La Curva del Diablo; el último será el del mayor Bazán”, precisó el abogado.

En este último hay seis personas acusadas. El Poder Judicial tiene la última palabra.