El Censo Nacional 2025 ya está en marcha en todo el país con un enfoque renovado y adaptado a los nuevos tiempos. Según informó Jhon Zumaeta, jefe regional del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), cada censista recorrerá en promedio entre 12 a 15 viviendas por día, aplicando una encuesta compuesta por 5 secciones, 68 preguntas y 15 subpreguntas que abarcan temas de salud, educación, trabajo, condiciones del hogar y acceso a servicios.
A diferencia de censos anteriores, esta edición no requerirá la inmovilización ciudadana ni el ingreso de censistas al interior de los hogares, una medida orientada a proteger la seguridad tanto del personal como de los ciudadanos. Zumaeta también precisó que esta edición será más inclusiva, ya que incluirá a personas en situación de calle. “Contamos con una estrategia específica para censar a quienes no tienen un hogar. Llegaremos a parques, plazas, calles y otros lugares”, señaló.
Censo en comunidades indígenas
En las zonas rurales e indígenas, el operativo se iniciará en septiembre. Para asegurar una recolección de datos efectiva, se seleccionarán censistas que hablen lenguas originarias predominantes en cada territorio. La metodología será institucional, es decir, se entrevistará a autoridades como presidentes de comunidades campesinas, nativas o indígenas.
“El objetivo del censo de comunidades indígenas es recopilar y analizar información precisa y actualizada sobre las características demográficas, sociales, económicas, culturales y territoriales, para la formulación de políticas y programas inclusivos”, indicó Zumaeta.
Seguridad reforzada
La Policía Nacional del Perú (PNP) ha puesto en marcha un plan de seguridad para acompañar el proceso censal. El coronel Gustavo Mautino detalló que se ha implementado un sistema de vigilancia motorizada y patrullaje en zonas de alta concurrencia, como mercados y barrios vulnerables. “Identificamos zonas de riesgo donde hay mayor movimiento para garantizar la seguridad del censista”, aseguró.
Con estas medidas, el INEI busca asegurar un censo eficiente, seguro y representativo que permita al Estado contar con información confiable para la toma de decisiones en políticas públicas.
