Conflictos sociales: una tarea pendiente

Treinta heridos, entre civiles, policías y periodistas, fue el resultado de un fuerte enfrentamiento el último jueves entre las fuerzas del orden y pobladores de la provincia de Tayacaja, Huancavelica. La gresca ocurrió durante el paro que acataba la población, que exige el funcionamiento de la Universidad Autónoma de Tayacaja, cuya creación fue aprobada en 2011.

Luego de una reunión entre las autoridades de Tayacaja y representantes del Ministerio de Educación se levantó la medida de fuerza.

Pero si las acciones acordadas no se concretan, el paro podría reactivarse y sumarse a los más de 200 conflictos sociales que actualmente aquejan al Perú.

En febrero, según el reporte de la Defensoría del Pueblo, se registraron 208 conflictos sociales. De ellos, 145 son de tipo socioambiental.

Es decir, la mayoría. Además, 91 de ellos están relacionados con la actividad minera.

Rolando Luque, adjunto para la Prevención de los Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, afirma que los conflictos socioambientales son “más difíciles de resolver, pero no de prevenir”.

“El conflicto no estalla el mismo día que se presentan las demandas. Hay tiempo para diseñar una estrategia de intervención. La dificultad viene por el lado de las visiones divergentes entre la economía tradicional y la moderna; el mal recuerdo de la minería contaminadora; el temor a perder el agua, la tierra y el control sobre sus vidas”, dijo.

INMEDIATA. Al próximo gobierno le tocará afrontar y solucionar estos conflictos; los de tipo socioambiental requieren de atención urgente. Rolando Luque menciona algunos de ellos.

“Hay casos en tensa espera, como el de Espinar o el Lote 192, en Loreto; otros que siendo muy importantes permanecen estancados, como Conga, Tía María y las concesiones mineras en Puno; y hay otros como los de Las Bambas y Ucayali que tienen a las poblaciones muy inquietas. En todos estos casos hay antecedentes de violencia y medidas de fuerza. Solo un diálogo con resultados palpables evitará nuevas situaciones de crisis”, explica.

José Ávila Herrera, alto comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, sostiene que el nuevo gobierno tendrá que atender con premura los conflictos relacionados al recurso hídrico.

“Actualmente el planeta vive un proceso de cambio climático y el tema del agua es clave. Necesitamos una gestión responsable de los recursos hídricos y optimizar la infraestructura con una visión integral”, señala.

RETOS. Ante este panorama con una considerable cantidad de conflictos, el nuevo presidente de la República tendrá como reto un mejor manejo de estas situaciones para que no desencadenen hechos de violencia con pérdidas que lamentar.

Marlene Anchante, directora adjunta del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP, señala que “al Estado le toca hacer un seguimiento y monitoreo que le permita identificar los conflictos que puedan volverse violentos”.

Además, debe intervenir con la creación oportuna de espacios de diálogo, que es determinante si queremos prevenir los conflictos violentos y para esto es fundamental contar con personal entrenado en negociación, la logística y los fondos necesarios.

José Ávila resalta que “es fundamental que empresas, Estado y sociedad civil trabajen con objetivos y metas comunes. Tener una agenda tripartita que permita alinear políticas de desarrollo nacionales es clave para reducir los niveles de conflictividad”.

Pero el Estado tiene un reto aún mayor en la prevención de los conflictos. Según Marlene Anchante, “el origen de los conflictos sociales en el Perú, a nivel de sus causas estructurales, tiene que ver con que un amplio sector de los peruanos se encuentra en situación de pobreza”.

El próximo gobierno tiene mucho trabajo por hacer.