En el Congreso de la República fue presentado un proyecto de ley que propone modificar la normativa sobre el pase libre de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el fin de delimitar su aplicación únicamente a situaciones de servicio, emergencias o actos oficiales.
La iniciativa, presentada por la congresista Susel Paredes, del Bloque Democrático Popular, busca reformar la Ley N.º 26271, que regula los pases libres y pasajes diferenciados para los miembros de la PNP y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
El proyecto plantea modificar el artículo 1 de la norma, especificando que el derecho a pases libres para los policías “se aplica únicamente cuando se encuentren en actos de servicio, en tareas de emergencia o participando en operativos policiales oficiales”. Asimismo, se propone que el beneficio no sea aplicable para fines personales o desplazamientos privados fuera del horario laboral.
Según la exposición de motivos, el objetivo es redirigir el pase libre hacia su fin legítimo, que es apoyar la labor policial y fortalecer la seguridad ciudadana. Sin embargo, la parlamentaria advierte que en la práctica este beneficio se ha convertido en “un uso cotidiano para cualquier desplazamiento, incluso personal, lo que genera conflictos y malestar social”.
La propuesta menciona también que transportistas y empresarios del sector han expresado su descontento al verse obligados a trasladar gratuitamente a policías que no se encuentran de servicio, calificando esto como una “carga económica adicional e injustificada”.
Como ejemplo de las tensiones que genera este tema, se cita el incidente ocurrido el 5 de octubre, cuando una suboficial de la PNP —vestida de civil— exigió el pase libre en un bus público y, tras la negativa del conductor, pidió apoyo policial. El chofer fue detenido por casi 28 horas, hecho que se viralizó en redes sociales y reavivó el debate sobre los límites de este beneficio.
“La iniciativa busca reconocer el servicio policial efectivo y eliminar toda apariencia de privilegio privado”, señala el documento presentado por Paredes Piqué.
Finalmente, el proyecto incluye una disposición complementaria final que establece un plazo de 60 días para que el Ministerio del Interior, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y las municipalidades adecuen sus normas y protocolos de control, incluyendo mecanismos de prevención de conflictos relacionados con el pase libre.
