La aprobación en la Comisión Permanente del Congreso de la Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones (SPP) ha generado un graneado debate entre todos los sectores involucrados.

Si bien tiene aspectos positivos, también hay sectores que han presentado algunas atingencias.

La nueva propuesta contempla, por ejemplo, la licitación "en paquete" de los nuevos afiliados, quienes ingresarán obligatoriamente a las AFP; artículo de la norma que aparentemente no camina en el mismo sentido que el derecho de los trabajadores a poder elegir la AFP a la que quieran ingresar.

Una fuente vinculada a la Asociación de AFP reveló a Correo que en estos momentos las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están evaluando con sus técnicos y asesores la propuesta y verán si es necesario presentar algún alcance para la norma y buscar su mejora, o si la propuesta afecta en demasía a sus afiliados y futuros pensionistas para presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).

Recordemos que inicialmente diversos voceros de la Asociación de AFP habían asegurado que la propuesta del Congreso viola la Constitución, pues "el modelo económico establecido en la Constitución de 1993 considera la libertad de elegir y que en el mercado debe haber libre competencia, donde los conceptos de precio y calidad son fundamentales para la toma de decisiones por parte del usuario", situación que no se reflejaría en el dictamen acordado.

Incluso anotaron que la licitación para las AFP que plantea el Ejecutivo debe ser más debatida para que el ciudadano afiliado sea el que salga ganando. Sin embargo, otras posiciones aseguran que esta propuesta va a provocar que se tenga una comisión más barata, pues se elegirá a la empresa (AFP) que cobre menos por la administración del fondo.

OTRA POSICIÓN. Para el experto del Instituto Peruano de Economía (IPE) Pablo Secada, si bien la reforma de las AFP es un paso adelante, se pudo avanzar mucho más, lo que no sucedió básicamente porque el diseño técnico de la propuesta no fue el mejor.

"Había otras propuestas mejores, pero se aprobó la planteada por la Comisión de Defensa del Consumidor, que es similar al proyecto propuesto por el Ministerio de Economía, debido a que había egos en conflicto tanto en la Presidencia del Consejo de Ministros como en la Comisión de Economía del Congreso, el MEF, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), entre otras entidades", afirmó.

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