Aunque las cifras de detenidos han disminuido en los últimos días del Estado de Emergencia, solo el viernes en Lima Metropolitana y Lima Provincias se registraron 177 personas intervenidas durante la inmovilización social obligatoria a fin de no propagar el COVID-19, es evidente que aún hay un sector de la población al cual le parece poco importarles las multas.

Cabe mencionar que las multas dispuestas por el gobierno oscilan entre los S/86 y S/430, dependiendo de la gravedad de la falta, para los ciudadanos que incumplan las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatorias.

Para la abogada penalista Romy Chang, las multas no serían la mejor solución para los infractores de a pie. “Hay que tener en cuenta que no todos podrán pagar estas multas. Sin embargo, esto ha funcionado muy bien para los que tienen carro, cuyos conductores son multados con más de 6 mil soles si no tienen el permiso para circular”, dijo.

SOBRECARGA

En la relación a la sanción que merecen los infractores, la experta en Derecho Penal señala que todos los intervenidos durante todo el estado de emergencia serán procesados y condenados, pero lo difícil de creer es que más de 50 mil personas, que fueron intervenidas y/o detenidas en su momento, vayan a ir presas.

“También dependerá dónde han detenido a la persona para aplicar el nuevo o antiguo Código Procesal Penal. Lo que sí queda claro es que todo esto significará una sobrecarga de casos en el Ministerio Público”, comentó Romy Chang.

TRABAJOS COMUNITARIOS

En tanto, José Luis Pérez Guadalupe, exdirector del Inpe, resaltó la importancia del pago de estas multas ante tantos casos de agresiones a los agentes de la Policía Nacional que se han registrado durante la cuarentena.

“Hay que poner mano firme con los infractores, y eso no tiene nada que ver con la clase social. Estas personas también deben ser sancionadas con trabajos comunitarios, como limpiar hospitales, colegios, comisarías”, dijo.

Según Romy Chang, en otros países las penas no son muy altas como en el Perú. “La pena que te ponen es la condena que cumples, pero aquí la pena de cárcel recién es efectiva a partir de los cuatro años. Es por eso que la gente no hace caso, pues sabe que no irá preso”, añadió.

Para la especialista, lo que pudo haber funcionado en un inicio es que todos los que no cumplan con as medidas dictadas por el gobierno queden detenidos hasta que termine la cuarentena. “Lo hacían con 100 personas y por temor el resto de los ciudadanos obedecía... A estas alturas no se va a empezar a educar a la gente”, dijo.

BUSCAR ACUERDOS

Por su parte, Percy Castillo, representante de la Defensoría del Pueblo, indicó que es imposible pensar que todos van a ir a la cárcel. “Lo que puede establecerse cuando estos procesos se formalicen es llegar a acuerdos con el Ministerio Público, a fin de imponer sanciones como hacer trabajos comunitarios a favor de la sociedad, recoger la basura, pintar, arreglar parques o reparar colegios y así evitar problemas futuros. Eso dependerá si la persona acepta su responsabilidad y cree que merece una sanción, porque habrá personas que dirán que son inocentes”, concluyó.