La problemática de la invasión de terrenos ha repuntado en los últimos meses, y es que de acuerdo con un reciente informe elaborado por el Ministerio de Cultura, hasta en un 50% aumentó el número de alertas de invasiones en zonas arqueológicas con respecto al año pasado.

El viceministro de Cultura, Luis Jaime Castillo Butters, explicó a Correo que solo durante los dos primeros meses del presente año un total de 33 de estos potenciales delitos han sido reportados.

Ello resulta alarmante, pues durante todo el 2012 solo hubo 68, mientras que en el 2013 más de 289, a lo largo de los 12 meses.

por distritos. "La mayoría de estas zonas arqueológicas con peligro de usurpación están ubicadas en los distritos periféricos de Lima, como Ancón, Carabayllo, Ate-Vitarte, y en algunos casos La Molina. Si bien una alerta no significa que los terrenos hayan sido invadidos, sí denota que podría haber una gresca por el lugar, el cual se vería perjudicado si se quisieran realizar excavaciones", explicó Castillo Butters.

peligroso. Dicho factor toma más relevancia si se considera que al posicionarse un poblado en zonas arqueológicas, el proceso judicial para desalojarlos puede tomar hasta más de un año.

En ese tiempo, los invasores no solo perjudican el lugar para futuras excavaciones, sino que también se afianzan, haciéndose más difícil removerlos en el futuro.

"Existe un proceso legal para proceder con el desalojo, pero este es lento y poco efectivo. Por ello, el Ministerio de Cultura cuenta con un área de Defensa, que identifica rápidamente los riesgos de invasión y lucha incansablemente por erradicarlos antes de que se deban hacer denuncias", agregó.

Precisó que en Lima gran número de zonas arqueológicas, sobre todo en distritos costeros, se han convertido en núcleos urbanos, perdiéndose el valor de historia que yacía en ellos.

Un ejemplo es el distrito de Chorrillos, que hasta hace solo 40 años tenía amplios terrenos para ser explorados.

MUNICIPIOS ALERTA. En tanto, la situación en varios distritos parece haberse salido de control. Representantes de la comuna de Ancón denunciaron que existen al menos cinco terrenos de más de ocho hectáreas que constituyen zona arqueológica y que, tras más de un año de haber sido reportados, aún no se han desalojado.

"Como municipio, apenas identificamos amenazas de invasión, alertamos a las autoridades o al Ministerio de Cultura. Pero parece que solo tienen un abogado para cubrir las decenas de denuncias que se presentan, ya que no operan con celeridad", manifestó el representante de la Municipalidad de Ancón, John Barrera.

mucho gasto. Dichas invasiones no solo afectan al terreno cultural, sino que también significan más gastos para los municipios, que deben destinar personal para limpiar la zona y encargarse de la salubridad y bienestar de los invasores.

"En más de una ocasión, los invasores se sienten empoderados y hasta exigen al municipio que les instale agua potable y electricidad. Pasan meses sin ser desalojados y ya se sienten dueños del lugar", agregó Barrera.

Para evitar esos problemas, la Municipalidad de La Molina colocó más de ocho kilómetros de muros de contención y decenas de casillas de vigilancia en los cerros, a fin de impedir nuevas invasiones, como las que ocurrieron en ese distrito a mediados del año pasado.

Representantes de La Molina revelaron que invirtieron cerca de un millón de nuevos soles de recursos propios, ya que pese a los constantes pedidos, la Municipalidad de Lima no apoyó en dichas construcciones.

"Luego de que en el 2013 se desató una batalla campal en una zona colindante entre La Molina y Villa María del Triunfo, hicimos varios pedidos a la comuna capitalina para que nos ayude en la construcción de muros y evitar invasiones. Finalmente tuvimos que operar por cuenta propia", declaró una fuente del mencionado concejo distrital.

PENAS EFECTIVAS. El Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que busca endurecer las penas para los delitos de usurpación de la propiedad privada y pública, así como la invasión ilegal y el tráfico de terrenos.

Sin embargo, en febrero pasado, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, pidió que se modifique el tiempo de flagrancia en el delito de usurpación, a fin de que se amplíe de 24 horas a un mes para evitar el crecimiento de las mafias de terrenos.

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