Declaran en emergencia por lluvias a 44 distritos de la región Ayacucho

Un total de 44 distritos de 11 provincias de la región Ayacucho fueron declarados en emergencia, debido a los daños severos causados por las lluvias intensas que se registran en dicho departamento.

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Según el Decreto Supremo 028-2023-PCM, publicado en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y que precisa que la medida estará vigente por 60 días calendario.

Los distritos declarados en emergencia son: provincia de Huamanga: Acocro, Acos Vinchos, Quinua, San José de Ticllas, San Juan Bautista y Socos; provincia de Cangallo: Los Morochucos, Cangallo y Totos; Huanca Sancos: Sacsamarca y Sancos; Huanta: Huamanguilla, Sivia, Llochegua, Canayre y Pucacolpa; La Mar: Anco, Chungui, Luis Carranza, Santa Rosa, Unión Progreso, Río Magdalena y Samugari.

En las provincias sureñas fueron consideradas en Lucanas: Carmen Salcedo, Cabana, San Cristóbal, Laramate y Santa Lucía; Parinacochas: Chumpi, Coronel Castañeda, San Francisco de Ravacayco y Pacapausa; Páucar del Sara Sara: Pausa, Colta, San Javier de Alpabamba y Sara Sara; Sucre: Querobamba, Belén y Paico; Víctor Fajardo: Alcamenca, Sarhua y Vilcanchos; y Vilcas Huamán: Concepción y Saurama.

Refiere, asimismo, que el Gobierno Regional de Ayacucho y los gobiernos locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación de los ministerios de Salud, de Educación, de Desarrollo Agrario y Riego, de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social, Interior y de Defensa; además de instituciones públicas y privadas involucradas, ejecutarán las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas.

La norma precisa que la implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo, se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.