Casi dos años después de su adquisición, más de 500 cámaras corporales destinadas a la Policía Nacional continúan almacenadas y sin uso en diversas comisarías de Lima, Callao y La Libertad, así lo reveló “Panorama”.
Estos equipos, comprados en 2022 por el Ministerio del Interior a través del “Programa Seguro” por un monto de S/3 millones 955 mil, fueron adquiridos para reforzar la seguridad ciudadana. No obstante, permanecen guardados y cubiertos de polvo, sin haber sido implementados hasta la fecha.
De acuerdo con Guzmán Vera Coronel, vocero de la Contraloría General de la República, una inspección aleatoria realizada en 20 comisarías del país evidenció fallas en la distribución, el procesamiento y el almacenamiento de las imágenes captadas por las cámaras corporales.
“Las cámaras deben estar conectadas a una plataforma que permita procesar y conservar la información, de modo que pueda ser solicitada por otras autoridades cuando se requiera, pero eso no está ocurriendo”, señaló a dicho dominical.
Estas cámaras de última generación, que podrían desempeñar un papel fundamental en la recolección de pruebas durante operativos policiales, permanecen inactivas en un contexto marcado por el incremento de la criminalidad y la violencia.
Solo en lo que va del año, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) ha registrado 1.281 homicidios, una cifra que refleja la urgencia de fortalecer las capacidades de intervención policial. Pese a la millonaria inversión realizada, el Ministerio del Interior habría atribuido la falta de implementación del sistema a la propia Policía Nacional del Perú.
Mientras las cámaras corporales de la PNP permanecen sin uso, varios municipios ya emplean bodycams en sus tareas de fiscalización y patrullaje. En San Juan de Lurigancho, los serenos, fiscalizadores y agentes de tránsito utilizan estos dispositivos activamente durante sus turnos. “No pueden apagarlas. Si lo hacen, igual registran la ruta por GPS”, manifestó el alcalde Jesús Maldonado.
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