Denuncian que mafia de contrabando sigue libre en Puno

En setiembre del 2011 la Policía Judicial capturó al exjuez de paz letrado del distrito de Platería (Puno), Ladislao Franco Pauro Llutari y lo encarceló por estar inmerso en una red de presuntos traficantes de tarjetas de propiedad para vehículos de dudosa procedencia.

Es decir, esta organización se dedicaba a legalizar unidades motorizadas, principalmente de contrabando, sin cumplir con los requisitos de Ley, para ese propósito sus integrantes apelaban a la modalidad de la prescripción adquisitiva.

El caso se arrastra desde el año 2008, cuando las autoridades descubrieron que una cantidad indeterminada de jueces letrados y no letrados de diferentes distritos de la región de Puno, en complicidad con abogados, legalizaban ante los Registros Públicos unos 4 mil vehículos robados y de contrabando.

DESDE LA CÁRCEL. Desde entonces, el único detenido, Ladislao Franco Pauro, estuvo denunciando en varias fechas que tiene la intensión de "colaborar con la eficacia de la justicia penal", pero no habría sido escuchado ni siquiera por la Fiscalía de la Nación.

Recientemente, el 3 de junio del 2014, el imputado envió una solicitud al fiscal Dover Muñoz Cáceres (fiscal coordinador de la Fiscalía Provincial Penal Corporativo Especializado en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual de Puno), en donde pide requerir prisión preventiva en contra de Karim Israel Sarabia Palza, Yoleny Mercado Aguirre, Flor de María Torres Sumari y Flavio Lino Ramos, todos acusados de integrar esta banda de presuntos legalizadores de contrabando.

"En presente proceso especial he venido solicitando desde el mes de octubre del año 2011, ante los fiscales (...) expresando mi decisión de colaborar con la justicia de lo que no he sido tomado en cuenta, razón por la que exigí, insistí, hacer constar mi petición en mis declaraciones, conforme consta en diferentes carpetas fiscales", dice en parte del documento.

EL LÍDER. Según la declaración de este exjuez, Karim Israel Sarabia Palza es exregistrador público y actual notario público en el distrito Gregorio Albarracín de la ciudad de Tacna.

Antes de ello, cumpliendo sus funciones de registrador, Karim Sarabia habría sido el "el principal autor material e intelectual de la admisión y expedición de tarjetas de propiedad de cerca de mil vehículos de dudosa procedencia (contrabando) sin haber exigido el cumplimiento de los requisitos que pide la Ley Registral, sin hacer pagar los impuestos con pólizas de importación falsificados, con expedientes técnicos inexistentes y falsificados, con resoluciones de jueces de jueces de paz no letrados (que no eran competentes), al extremo de inducir a error a cerca de 40 jueces de paz y miles de ciudadanos quienes hemos confiado en la fe del registro".

El encarcelado exjuez acusa a Karim Sarabia de aprovecharse del nombramiento que el Estado le había conferido, con pleno conocimiento de leyes y sus funciones, con alevosía y premeditación ha demostrado "una moderna forma de crimen con abuso de poder y manejo de leyes, en desmedro de una institución preclaro de garantías y de seguridad del derecho del Estado Peruano".

ACUSA. Correo accedió a la solicitud redactada a puño y letra de Ladislao Pauro Llutari en donde afirma que tiene en su poder los medios probatorios de corroboración que habría ofrecido ante el mismo despacho del fiscal Dover Muñoz Cáceres en abril pasado.

OTROS. También pide cárcel para Yonely Mercado Aguirre, un abogado con residencia en la ciudad de Juliaca, y que habría colaborado como nexo principal de Karim Sarabia en la recepción de los acopiadores, resoluciones firmadas por jueces no letrados, entre otros detalles.

Sería este abogado quien también habría recibido dinero de los acopiadores y de los que solicitaron tarjeta de propiedad por concepto de pago de impuestos por derecho de nacionalización.

No se salva de las acusaciones la abogada Flor de María Torres Sumari, también juliaqueña, quien sería nexo y amiga personal de Yonely Mercado y Karim Sarabia, según revela el inculpado.

MÁS DENUNCIAS. Otro nombre que aparece es el de Flavio Nino Ramos, ciudadano residente en la ciudad de Juliaca, y que habría cumplido el rol de acopiador y encargado de hacer firmar resoluciones de adjudicación con jueces de paz no letrados. Habría estado al servicio de Yonerly Mercado Aguirre.

Un quinto involucrado es Rick Daniel Ramos Mamani, personal de confianza y utizado por Flor de María Torres Sumari y comisionado para hacer firmar resoluciones con más jueces de paz.

AYUDA. "Proporcionaré al término de la distancia las informaciones que sean necesarias, para lo cual solicito reclusión inmediata de las personas indicadas, responsabilizo al fiscal a cargo de esta investigación", dijo finalmente.

NO LE HACEN CASO. Lo preocupantes con este caso es que varios fiscales estarían involucrados en una red encargada de "proteger" los intereses de esta organización, puesto que el caso de viene arrastrando desde hace casi una década.