Detectan irregularidades en juicio por empresa Agrícola Úcupe

El proceso iniciado en la vía civil por tomar el control de la empresa Corporación Agrícola Úcupe no se habría realizado de forma transparente, pues un informe fiscal revela el "pacto, acuerdos y compromisos" que hubo entre una de las partes con los servidores judiciales y un juez.

Esta advertencia, de presuntos actos de corrupción al interior del Poder Judicial, está contenida en la disposición N° 2 de la carpeta fiscal 3719-2012, expedida el 22 de enero del 2013 por Judith Pinto Zavalaga, del Segundo Despacho de Investigación de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa de Chiclayo.

EL CASO. Esta disposición fiscal hace mención a las investigaciones realizadas por la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma), respecto al expediente N° 0800-2011 de fecha 4 de marzo del mismo año, sobre demanda de ineficacia de acto jurídico presentado por Milagros Farro Medina (en representación de Inversiones Agroindustriales USP) contra Andrés Samamé Chuque, Segundo Montenegro Villegas, Roger Rentería Vínces y Corporación Agrícola Úcupe.

Las investigaciones arrojaron que este expediente fue ingresado de manera irregular y direccionado al Primer Juzgado Civil de Chiclayo, donde despacha el juez Rafael Chávez Martos, para lo cual se violentó el sistema aleatorio.

Como consecuencia de esto la Ocma -con fecha 14 de diciembre del 2011- suspendió a los servidores judiciales Manuel Vásquez Vásquez y Cinthia Cuadra Garcés, y además dispuso la suspensión preventiva del juez Rafael Chávez Martos el 24 de julio del año pasado, tras detectarse que emitió medidas cautelares a favor de la empresa Inversiones Agroindustriales USP, de propiedad del empresario Redublino Olivio Huancaruna Perales.

La fiscal Judith Pinto resalta en su informe que las investigaciones de la Odecma, sobre la queja N° 129-2012 presentada contra Rafael Chávez Martos por inconducta funcional (por lo que luego fue suspendido), no hace "más que brindar fortaleza al argumento de un trato extra proceso -arreglo, pacto y compromiso- entre el mencionado juez con el empresario Olivio Huancaruna".

CORRUPCIÓN. Ante estas evidencias, la fiscal Pinto Zavalaga dispuso iniciar una investigación preliminar contra Milagros Farro Medina, Alexander Fernández Mendoza y Redublino Olivio Huancaruna Perales, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho activo específico y cohecho pasivo específico, en agravio de Andrés Samamé Chuque.

De acuerdo a la disposición fiscal esta investigación se realizará por un plazo de 100 días, tiempo en que se realizará diferentes diligencias a fin de determinar la culpabilidad o inocencia de los imputados.

Como parte de estas diligencias la fiscal Judith Pinto citó para el 13 de febrero al denunciante Andrés Samamé; mientras que al día siguiente deberán hacer lo propio todos los imputados.

Además, se ha solicitado los antecedentes penales, judiciales y policiales de los imputados mencionados en esta investigación.