Deudores de pensión alimentaria podrán salir de prisión

Con el propósito de reducir el hacinamiento en los penales para evitar la propagación del coronavirus, el Gobierno dispuso la excarcelación de los internos por el delito de omisión a la asistencia familiar que cumplan con el pago de su deuda alimentaria y la reparación civil.

El Decreto Legislativo publicado ayer en el diario El Peruano, establece que “debe priorizarse el pago íntegro de la reparación civil y de la deuda alimenticia actualizada al momento de la conversión, que se realiza ante el juez, sin mediar el desarrollo de la audiencia”.

De esta forma, se modifica el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por sanciones alternativas, permitiendo el cumplimiento de la condena en arresto domiciliario en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria.

OPINIÓN. Para el ex ministro de Justicia Gustavo Adrianzén, esta medida resulta inviable pues considera que se debe cumplir con el requisito del pago íntegro de la deuda para acceder a la liberación del interno.

Estima que algunos condenados no podrán cumplir con dicha condición porque no se encuentran laborando.

“Esta medida privativa de la libertad fue cuestionada porque se hacía inviable que el interno deudor pudiera generar ingresos en prisión y cumplir con el pago de la asistencia alimentaria; sin embargo, se aplicó”, dijo a Correo.

Estima que muy pocos tendrán capacidad para cumplir con el pago íntegro de la reparación civil y la deuda alimenticia

Por su parte, el ex viceministro de Justicia, Erasmo Reyna, coincidió con Adrianzén al señalar que la norma resulta imposible de ejecutar ya que el interno no tiene con qué pagar la deuda que mantiene.

“Es todo un trámite que puede tomar semanas. Cómo exigirle un pago a quien ha estado preso y, por tanto, no ha podido generar ingresos. Tal vez podría si existiera una norma que contemple una declaración jurada de pronto pago a determinado plazo y con mérito ejecutivo; en caso de incumplimiento, se ejecuta y el beneficiado retorna a la cárcel”, explicó.

Mas temprano, el ex jefe del Instituto Nacional Penitenciario, José Luis Pérez Guadalupe, también cuestionó la norma, calificándola de “inviable”.