Discriminación en las playas de Lima

Luego de provocar la atención de varios medios de comunicación y la Defensoría del Pueblo durante más de dos semanas, varios clubes privados, condominios e incluso zonas militares de recreo siguen restringiendo el ingreso a las playas del sur. Hasta el momento las municipalidades distritales no hacen nada y los actos discriminatorios y de impedimento del libre tránsito, que atenta contra lo que dicta la Ley 26858, siguen realizándose en un litoral que más parece la tierra de nadie, donde los abusos están permitidos.

Como se sabe, dicha norma establece que es posible construir propiedades privadas en los terrenos adyacentes a la playa, pero siempre permitiendo la existencia de una vía de acceso vehicular y peatonal para que cualquier ciudadano pueda ingresar a esta. Así las cosas, cualquier obstáculo que lo impida –o corte una porción de la playa, como viene sucediendo en Naplo- configura una situación ilícita.

SOLO PARA "RESIDENTES". Hace menos de una semana la Defensoría del Pueblo verificó que este balneario –uno de los más concurridos al sur de la capital- se encontraba dividida por medio de boyas y cercos, y que "personal de seguridad" contratados por algunos vecinos impedían el pase de ciertos veraneantes y sus familias con la excusa de que dicha zona era exclusiva para los residentes.

Ante ello, la Defensoría solicitó al alcalde de Pucusana, Pedro Florián, el retiro de cualquier obstáculo físico y la emisión de una ordenanza que prohibiera cualquier acto discriminatorio. Días después, la declaración de un comerciante del balneario, entrevistado para esta nota y cuyo nombre prefirió reservar, grafica que nada ha cambiado: "Del muro para allá no se pasa, la seguridad no te deja. Esa zona es privada", explica. Es decir, la Municipalidad de Pucusana simplemente se lavó las manos.

"De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, el alcalde distrital es el que administra el espacio público, le da mantenimiento y supervisa que se le dé un uso adecuado. Ello lo obliga a verificar que nadie se apropie de estos espacios", aclara Julberth Medina, representante de la Defensoría del Pueblo. Fotografías: Federico Romero