Dramática radiografía de la inseguridad en Piura

La región cuenta con apenas 2 mil 200 policías, pero entre descansos médicos y vacaciones , sólo quedan en servicio 2 mil 66 agentes. La infraestructura de esta institución es más que deprimente, según da cuenta un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo.

El 85% de los custodios del orden son jóvenes, sin experiencia y con una insípida especialización en investigación criminal. Además, el exiguo presupuesto no les permite adquirir información clasificada de los informantes y confidentes, aunado a la ausencia de logística para realizar vigilancias, comunicación y transporte encubierto.

Estas revelaciones, sustentadas en informes de instituciones serias, así como el propio comando policial regional, y autoridades locales, entre ellas, policías en situación de retiro, nos muestran la radiografía del escándalo, abandono e indolencia para con la fuerza que debe brindar seguridad a la población.

La crisis no puede ser peor. Las denuncias de una "mafia" al interior de la Policía calan profundo y abren una herida que no cicatrizará en mucho tiempo.

VISITANTES. Actualmente operan delincuentes de Trujillo, Chiclayo y Chimbote en las ciudades más importantes de la región. También hampones locales que fueron injertos de bandas del sur. Se han identificado 9 organizaciones criminales; tres en Castilla y seis en Piura.

De acuerdo al informe preparado por el exjefe de la Dirección de Investigación Criminal (Divincri), comandante (r) PNP, Alfonso Llanos Flores, la modalidad de "marca", así como las extorsiones son las que predominan, sumadas a ellas, la delincuencia común.

POR TODOS LADOS. El mayor problema, explica el también regidor de la comuna piurana, se encuentra en los grupos de construcción civil, liderados por seudo dirigentes. Operan en cuanta obra se ejecuta. Exigen cupos, "colocan" personal y brindan servicios de protección, caso contrario, atentan contra la vida de los empresarios.

En el caso de las extorsiones, son internos del penal de Río Seco -la mayoría del sur del país- los que organizan este tipo de actividades de terror. Fuera del establecimiento penitenciario, son los "egresados" quienes ejecutan los planes.

Sus víctimas van desde empresarios, profesionales o toda persona que maneje un presupuesto; bodegas, taxistas, mototaxistas o comerciantes.

A nivel procesal-judicial, comenta Llanos Flores en su estudio sobre la problemática de la seguridad en Piura, la Fiscalía comete una serie de errores que desencadenan en la libertad de los procesados.

"Falta un análisis adecuado de indicios y evidencias que respalden las respectivas resoluciones acusatorias", señala el exagente de investigaciones.

Igualmente, la Defensoría Pública, según el entrevistado, ejerce una cuestionable labor que obstaculiza el trabajo de los fiscales y jueces. A su vez, los magistrados "muestran fragilidad en sus decisiones", y optan por otorgar libertad bajo comparecencia a los inculpados.

En referencia al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), la corrupción es un problema de nunca acabar, afirma.

¿Y ELLOS? Explicados estos "males", se llega al nivel político.

Lamentablemente, señala el concejal Alexánder Ipanaqué Sánchez, la ausencia de proyectos de inversión pública en materia de seguridad ciudadana agudiza la orfandad de la Policía.

AHÍ ESTÁ LA PLATA. El Ministerio del Interior cuenta con 600 millones de soles para la lucha contra el crimen, no obstante, a la fecha sólo se ha gastado el 10%.

A la región Piura le ha tocado cerca de 30 millones de soles. Pero aquí se abre una gran interrogante, ¿en qué se invertirán?

Ahora, de los 600 millones de soles, bien se podría obtener 50 millones de soles adicionales para la región. Para esto es necesario la elaboración de un proyecto integral de seguridad ciudadana que aborde la problemática "como un todo".

Según señala Ipanaqué Sánchez, se trata de generar sistemas de inteligencia, implementar áreas de investigación criminal, equipos de alta tecnología, compra de unidades móviles, etc.

El perfil técnico tiene un monto estimado de 400 mil soles, pero fundamentalmente requiere de voluntad política en beneficio de la población.

"Se trata de un proyecto de fortalecimiento de los sistemas de comunicación y acción conjunta de la Policía, las unidades de Serenazgo a nivel regional, empresas de seguridad y ciudadanía organizada. De bloqueadores de las llamadas que salen de los penales. Compra de patrulleros, equipos e implementos de logística e inteligencia", subraya el exconsejero regional por la provincia de Sechura.