En el 2022, Carmen Bulnes Cueva, una empresaria de Nuevo Chimbote, perdió sus dos propiedades tras un operativo de la Fiscalía de Extinción de Dominio vinculadas al presunto delito de tráfico ilegal de residuos peligrosos. Un año después, su familia veló su cuerpo frente a una de esas casas a modo de protesta.
“Murió de depresión. La justicia le arrebató todo sin pruebas”, dijo su hermano, Jorge Bulnes.
Este caso, archivado por falta de sustento legal, no es el único: empresarios de transporte, pescadores y emprendedores enfrentan un panorama similar bajo la Ley de Extinción de Dominio, una herramienta creada para desmantelar redes criminales, pero que hoy afecta patrimonios legales.
La norma, inspirada en la Ley Modelo de la ONU, establece que solo deben incautarse bienes directamente vinculados a delitos graves, como narcotráfico o crimen organizado, y según el artículo 5 de la norma, protege la presunción de buena fe de los dueños. Sin embargo, en nuestro país, su aplicación se ha expandido a casos donde no hay indicios claros, y mucho menos una sentencia. Así lo evidencian tres situaciones emblemáticas que expondremos a continuación:
El drama de la familia Bulnes ejemplifica el problema. Pese a que el caso por tráfico de residuos peligrosos se archivó y sus hijos, detenidos inicialmente, fueron liberados en 24 horas, el PRONABI mantiene las propiedades incautadas. “No hay delito, pero tampoco devolución. Es una doble condena”, denuncia Jorge Bulnes hacia finales del 2023.
La misma situación se repite con Pastor Flores, dueño de Transporte Flores, cuyo bus fue incautado porque un pasajero envió conchas de abanico sin autorización. Aunque la empresa no tuvo responsabilidad porque el vehículo no fue parte del delito, el vehículo que sirve de sustento para 15 familias, quedó retenido.
La problemática se replica en alta mar. Miguel Levano, pescador industrial, cuenta que la incautación arbitraria de embarcaciones ha generado una gran crisis. “Hoy estamos viviendo una situación de terror. He visto cómo incautan embarcaciones y tratan a nuestros compañeros como delincuentes; incluso podríamos ir a la cárcel. Solo queremos trabajar y sostener a nuestras familias. Yo soy un pescador honrado y legal; la justicia debe llegar para quienes cometen delitos, no para nosotros, los pescadores”, señaló.
Los casos revelan un patrón: la Fiscalía de Extinción de Dominio incauta primero y pregunta después, incluso cuando fiscales ambientales o penales descartan los delitos. Además, según el artículo 6 la norma internacional solo permite retener bienes si existe una conexión directa y probada con actividades ilícitas
La Ley de Extinción de Dominio nació para limitar los recursos de mafias, no para ahogar a empresarios en un mar de burocracia y presunciones. Mientras tanto, Carmen Bulnes murió esperando justicia, Pastor Flores lucha por recuperar su bus, y los pescadores piden evitar que más embarcaciones caigan en un juicio sin fin.
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