Fiscalía allana predios vinculados a la Cámara de Comercio de Apurímac

La Fiscalía allanó seis inmuebles vinculados a la Cámara de Comercio de Apurímac (CCA) en el marco de la investigación a un grupo de personas por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, lavado de activos y estafa agravada.

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De acuerdo a la Fiscalía Especializada en Delitos de Crimen Organizado y Lavado de Activos de Abancay, la presunta organización delictiva estaría liderada por Edwar Salvador Palacios Vásquez, quien fue presidente de la CCA entre 2020 y 2023, así como Yassira Dolores Soto Quispe, considerada por las autoridades como su mano derecha.

Según el fiscal Ever Gonzales Mendoza, Yassira Dolores Soto sería la persona que habría captado a empresarios para ofrecerles ejecutar obras por impuestos, para el cual garantizaba el financiamiento de ONGs y municipios. También están investigadas Luz Karen Sánchez Abollaneda, colaboradora de Palacios Vásquez, quien la nombró gerente general de la CCA con poder para administrar las cuentas bancarias de esa organización.

La lista de inculpados también incluye a Jader Jesse Elquera Garrafa, pareja de Yassira Soto, quien habría constituido empresas constructoras para inyectar capital ilícito. Asimismo, está Darcy Solís Cruz, ingeniero civil supervisor de la CCA y Alarifes, quien presumiblemente daba la conformidad a las valorizaciones y avances de las obras; y Carlos Adolfo Jiménez Carazas, arquitecto encargado de reformular los expedientes.

El fiscal Ever Gonzales Mendoza indicó que los investigados recaudaron en una cuenta de banco la suma de 6 millones de soles aproximadamente, cantidad que fue retirada en su totalidad por el presidente de la Cámara de Comercio de Apurímac, Edwar Salvador Palacios Vásquez y la gerente general, Luz Karen Sánchez Abollaneda.

Sostuvo que los investigados crearon ONGs con el fin de realizar convenios marco con distintas municipalidades de la región Apurímac y con aval de la CCA. Para el representante del Ministerio Público, los investigados habrían llegado a ejecutar 60 obras por impuestos y burlaron el proceso de contrataciones con el Estado.

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