La investigación fiscal abierta debido al informe de Punto Final, sobre el supuesto plagio en el libro “‘Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario” de coautoría de la presidenta de la República, Dina Boluarte, llegó a su fin.
Aunque la Fiscalía determinó que el delito no puede ser juzgado debido a que prescribió en el tiempo, Latina Noticias indicó que el Ministerio Público corroboró el plagio en la obra de Boluarte Zegarra durante las diligencias, asimismo, ordenaron el retiro del libro de la Biblioteca Nacional del Perú, también la anulación de su registro legal.
“Las autoridades han abierto investigación, y como siempre voy a someterme a ellas. Conforme a la ley, estaré atenta a lo que digan las autoridades competentes”, sostuvo Boluarte durante una conferencia de prensa en ese entonces.
Sus abogados en la sede fiscal pidieron que no se investigue este caso y que la carpeta sea archivada por el paso del tiempo, lo cual terminó ocurriendo.
No obstante, el fiscal Miguel Puicón Yaipén, a cargo de la investigación penal, entrevistó a los presuntos coautores del libro y un examen técnico en colaboración con la Universidad Mayor de San Marcos respecto al supuesto robo intelectual.
Los abogados Luis Gavancho, Carmen Rivera, y María Chávez, entre otros; decidieron testificar. También reconocieron que bajo la coordinación del entonces director de la Oficina de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lima, Efrain Anaya Cárdenas, se barajó la posibilidad de realizar una publicación en conjunto. Sin embargo, para ellos esa posibilidad nunca se dio y tampoco conocieron el borrador del texto.
Por otro lado, Efraín Anaya inscribió el libro bajo su autoría, la de los demás abogados y de la mandataria. Boluarte Zegarra, a diferencia de otros coautores, incluyó en su CV la autoría del libro, y se negó a responder los cuestionamientos de la Fiscalía.
De acuerdo con Latina, la Fiscalía, mediante las pericias, pudo verificar que en el libro de Dina Boluarte “se advierte de la reproducción de párrafos exactos de los textos originales”.
No obstante, debido al tiempo transcurrido desde que cometió dicho delito hasta el inicio de la investigación, es de 19 años, siendo que las normas permiten investigar esta clase de hechos luego de transcurrido 12 años.
“Si bien es cierto que se ha advertido que habría reproducción ilícita o copia en la obra, empero el transcurso del tiempo habilita la prescripción del presente caso, circunstancia que imposibilita continuar con las diligencias”, concluyó la Fiscalía.
En sus disposiciones, el Ministerio Pública le indica a la Biblioteca de la Nación del Perú (BNP) que deben proceder con el “retiro de la obra y la anulación del registro de los tres ejemplares ante dicha entidad, atendiendo que se trataría de una obra ilícita”.
A pesar de que el proceso no pudo continuar, la ilicitud y falta ética fueron acreditados, recayendo sobre ellos sanción administrativa, según indicaron en el reportaje del dominical.
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