Funcionarios del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, Iren Sur, fueron citados como testigos por la Segunda Fiscalía Supranacional que investiga la vinculación de la red mafiosa de Rodolfo Orellana y la empresa Oncoserv, que embargó al Gobierno Regional de Arequipa 12 millones de soles de manera cuestionable.
Se trata de la abogada del Iren, Nancy Chávez Acero y el administrador de este organismo, Manuel Álvarez Sansur, cuya declaración servirá para conocer los pormenores que llevaron a la sede regional a suspender el contrato por prestación de servicios con Oncoserv.
Prevención. Informes de estos funcionarios, dieron cuenta de la negativa de la concesionaria por cumplir con lo establecido en el convenio y su pretensión para aumentar las tarifas, contraviniendo lo estipulado. Oncoserv debía facilitar al Iren todos los servicios de imagenología, además de las atenciones con equipos de braquiterapia y acelerador lineal para pacientes con cáncer.
La citación de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, tiene como finalidad reunir pruebas sobre la buena fe del Gobierno Regional de Arequipa y las acciones cuestionables de Oncoserv.
La cita fue programada para el próximo martes 3 en diferente horario.
ANTECEDENTES. El Ministerio Público asumió la investigación sobre Oncoserv, al descubrir las vinculaciones de personajes ligados a Rodolfo Orellana con Eddy Manfreda, gerente de la empresa que firmó un convenio para prestación de servicios al Iren Sur y que después incumplió.
Fue entonces cuando se trataba la anulación del convenio, que Oncoserv inició un arbitraje contra el Gobierno Regional de Arequipa y ganó con ayuda de árbitros que aparentemente trabajaron en la red Orellana, a la que Manfreda solicitó apoyo.
El embargo le costó al Gobierno Regional de Arequipa 12 millones de soles, siete de los cuales fueron retirados en efectivo por Manfreda y sus cómplices, según rezan las investigaciones fiscales hasta el momento.
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