Según informó la Contraloría a través de 20 informes de control posterior emitidos hasta el momento.
Según informó la Contraloría a través de 20 informes de control posterior emitidos hasta el momento.

La ejecutó en la , y en lo que va del presente año, 1,249 servicios de control de los cuales 1,061 corresponden al control simultáneo y 188 al control posterior. En 20 de estos últimos se hallaron presuntas responsabilidades civiles, penales y administrativas en 94 funcionarios y/o servidores públicos.

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Así lo dio a conocer Joan Ramírez Merino, gerente regional de control en La Libertad, en el marco de la exposición de resultados del segundo cuatrimestre 2023 (mayo-agosto), en la que además precisó que se han enfatizado los servicios de control simultáneo para advertir situaciones adversas a ser corregidas por las entidades sujetas a control.

Respecto a ello y como resultado de los servicios de control simultáneo ejecutados en el segundo cuatrimestre del año, se identificaron 943 situaciones adversas o riesgos que fueron alertados a los gestores públicos para que adopten las medidas correctivas que correspondan.

De dicho total, 160 (17%) situaciones adversas han sido resueltas o están en proceso de resolverse, 78 (8.2 %) no han sido corregidas por parte de los titulares de las entidades públicas comprometidas y en 699 (74.12 %) no se adoptaron acciones.

“Entre los principales informes de control posterior destaca el control específico N° 13258-2023-CG/GRLIB-SCE a la Sociedad de Beneficencia de Trujillo, que halla presunta responsabilidad penal y administrativa en tres funcionarios y/o servidores, por la suscripción del contrato de renovación y ampliación de la concesión del cementerio de Mampuesto, sin conocimiento del directorio y a pesar de que la norma que permitió su concesión fue derogada y sin tener en cuenta el contrato vigente, la Ley de Cementerios y el código civil”, indica la Contraloría.

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Así también las 14 acciones de oficio posterior sobre las 12 municipalidades distritales y dos provinciales, que no gastaron las transferencias económicas de 100 y 279 mil soles, que por Decreto de Urgencia N° 009-2023 recibieron para atender a la población afectada y/o damnificada por las intensas lluvias que ocasionó el ciclón Yaku.

Se trata de las Municipalidades Distritales de La Esperanza, Paiján, Santiago de Cao, Cachicadán, Angasmarca, Quiruvilca, Mache, Longotea, Pías, Calamarca, Usquil, Urpay y de las Municipalidades Provinciales de Viru y Sánchez Carrión, que según información registrada en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD) registraron un total de 12 469 personas afectadas y 2 922 damnificadas.

A la vez destacan los 30 informes de control simultáneo sobre “Gestión del Riesgo de Desastres ocasionados por los fenómenos naturales climatológicos 2023″, que alertan la carencia tanto del Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres como de sus planes específicos en 30 entidades supervisadas (Universidad Nacional de Trujillo, el Gobierno Regional La Libertad, el Proyecto Especial Chavimochic, 11 municipalidades provinciales y 16 distritales).

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