Dos de ellos están en la provincia de Trujillo, mientras que las otras tres tienen que ver con temas mineros en la sierra liberteña.
Dos de ellos están en la provincia de Trujillo, mientras que las otras tres tienen que ver con temas mineros en la sierra liberteña.

La región tiene cinco conflictos sociales latentes que requieren la pronta atención de las autoridades para evitar futuras protestas, confirmó el jefe de la Defensoría del Pueblo en este departamento, José Agüero Lovatón.

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Piden soluciones

El funcionario detalló que uno de los problemas que debe ser solucionado por el Estado es la contaminación del río Moche. Este conflicto, que ya lleva años, no es tratado con la celeridad que merece, pues pese a las constantes mesas de diálogo instaladas por ese tema, a la fecha se sigue “esperando la remediación del río, que está afectando a toda la cuenca de la región La Libertad”.

“No hay avances, desde el año pasado se está esperando y eso nos preocupa porque en cualquier momento los ronderos y los agricultores de la zona, que ven cómo el río Moche ya no puede ser usado para su regadío, van a realizar actos de protesta que puede generar hasta violencia”, indicó.

En Trujillo, otro tema que también preocupa es lo que sucede en el distrito de Salaverry, en donde pobladores denuncian contaminación de parte de carboneras instaladas en esa zona. Los más afectados, según dijo, son los moradores del sector Villa Marina.

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Por minería

José Agüero también afirmó que en la provincia de Santiago de Chuco hay otros dos conflictos que tienen que ser solucionados de inmediato. Estos están relacionados a la minería y se dan en los distritos de Quiruvilca y Santa Cruz de Chuca.

“Los ronderos y los miembros de la comunidad campesina no están de acuerdo con la presencia de actividades mineras, están trabajando ahí con un diálogo; sin embargo, no logran convencer a estas personas para que puedan realizar actividades de exploración. Esto ha generado que ellos (pobladores) se levanten e incluso haya actos de violencia en la zona de Quiruvilca”, manifestó.

El quinto problema está en el distrito de Huaylillas, en la provincia de Pataz. Las divergencias también se dan porque una unidad minera tiene problemas con la población, que los acusa de contaminar sus aguas.

Ante esta realidad, el titular de la Defensoría del Pueblo solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que intervenga lo más pronto posible para que se puedan resolver los reclamos de los pobladores. De esa manera, se evitarían posibles protestas, que podrían llegar a la toma de carreteras, como ya se ha dado en anteriores ocasiones.

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