Ilegalidad campea en centros de rehabilitación

Enero de 2012: unos 29 internos mueren asfixiados en su propio centro de rehabilitación informal tras un pavoroso incendio. Noviembre de 2014: un joven adicto de 23 años decapita al vigilante del centro donde estaba internado.

Ambos incidentes, que podrían recrear una novela de Dostoievski, son parte de la historia peruana y de la informalidad que campea en este tipo de locales. Se estima que hay más de 400 en el país y la mayoría son informales.

Sin ley . Pese a que en el año 2012 se promulgó la norma que regula el funcionamiento de las comunidades terapéuticas para la rehabilitación de adictos, y que se exigió su registro en un plazo de 30 días, hasta la fecha solo existen 16 centros autorizados y más de 400 que operan a de manera informal.

Yuri Cutipé, jefe de la Direccion de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa), dijo incluso que esa cifra es relativa, pues muchos centros tienen vigencia de días y otros tantos de años, sin que su municipio lo advierta.

“Nunca se sabe el número. Es como querer calcular cuántas combis hay en el país ”, declaró a Correo.

Le preguntamos por qué ha proliferado este tipo de servicio informal. Cutipé estima que es porque se trata de un “gran negocio”.

Un centro formal, por ejemplo, puede cobrar 50 dólares por día de internamiento; y el tratamiento suele ser de un año.

CAUSAS. Otra razón son las rigurosas exigencias de la ley, la cual pide presentar más de 30 documentos para acceder a la formalización.

Uno es el certificado de zonificación, que muchas municipales se demoran en entregar. Otro requisito es la presencia de un psicólogo, en un país donde solo hay 1500 de esos profesionales para 25 millones de ciudadanos.

Es por eso que en el año 2013 se registraron ante el Minsa cinco centros terapéuticos; en el 2014, solo 11; y para el 2015 serían 20.

La informalidad también se da por el creciente universo de adictos a captar por los centros informales, ante una oferta pública muy limitada.

Sin cobertura. Según cifras del Minsa, existen en el Perú unos 800 mil dependientes del alcohol y las drogas. De ellos, 80 mil son por drogas. Si sumamos las 500 camas del Estado en sus tres hospitales de salud mental, no se cubre ni el millar de la demanda de drogadictos, mucho menos de la otra gran masa de adicciones . Actualmente, el Minsa ha incidido en la atención ambulatoria. En el año 2014 hubo 14 mil pacientes, pero solo es un paso.

“Catorce mil no son pocos, pero el problema es grande. Estamos hablando de 800 mil que necesitan atención. Es decir, que más de 700 mil se quedan sin servicio”, dijo Cutipé.

Según Milton Rojas, especialista de Cedro, el Estado debe ponerse a la cabeza del problema, pues el tratamiento es caro. “En el Larco Herrera te cuesta la consulta S/.8; en una clínica, de S/.100 a S/.300. La diferencia es brutal”, manifestó.

Peligro. Tanto Cutipé como Rojas advirtieron además que el riesgo de los adictos en uno de esos centros informales es justamente la carencia de profesionales. Además, casi todos esos centros no reúnen las condiciones sanitarias necesarias para la rehabilitación.

El Minsa visitó en diciembre último unos 108 centros de rehabilitación en Lima y solo el 3% contaba con las exigencias médicas y de infraestructura.

A estos centros informales se suman las “casas de oración”, que es una careta para evadir la ley, pero muchos familiares acuden desesperadamente porque tienen precios cómodos.