Tras la renuncia de David Hernández como presidente de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, presentada ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se han producido importantes cambios en la plana mayor de la institución.
El diario oficial El Peruano publicó la oficialización de la salida de David Hernández de la ATU y anunció que Jaime Romero Bonilla tomará su lugar al frente de esta entidad adscrita al MTC. Romero Bonilla cuenta con experiencia en el Gobierno Regional del Callao, donde trabajó bajo la gestión de Dante Mandriotti.
A pesar de haber estado solo nueve meses al frente de la Autoridad de Transporte Urbano, David Hernández fue duramente cuestionado por su gestión. De hecho, desde el Congreso de la República se presentaron varios proyectos de ley que proponían disolver la ATU y devolver la competencia del transporte urbano a las municipalidades de Lima y Callao.
Sin embargo, varios dirigentes clave del sector respaldaron su permanencia, destacando que en los últimos cinco años ha habido cuatro presidentes al mando de la ATU. Incluso, el vocero del Corredor Morado advirtió que su salida podría retrasar varios proyectos que ya estaban en marcha.
“Antes de él, han pasado cuatro presidentes en cinco años. Se necesita continuidad en la institución para que las cosas avancen. Un nuevo cambio le haría mucho daño”, señaló Gerardo Hermoza para Panamericana.
El diario oficial El Peruano también publicó las normas legales que designan a Jaime Romero Bonilla como miembro y presidente del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao. Romero Bonilla, quien ya tiene experiencia en cargos similares, fue nombrado en junio de 2019 como gerente general del Gobierno Regional del Callao durante la gestión de Dante Mandriotti.
No obstante, en 2023, el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao solicitó una condena de 5 años y 11 meses de prisión para ambos, por el presunto delito de colusión agravada. Además, el Ministerio Público requirió su inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de casi cinco años.
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