¿La castración química reducirá las violaciones sexuales a menores?

Actualizado el 17/05/2018, 09:10 p.m.

Cadena perpetua y castración química será la condena que recibirán los violadores de niños, niñas y adolescentes menores de 14 años en Perú, si la próxima semana el Congreso de la República aprueba, en segunda votación, el proyecto de Ley 460/2016-CR , que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para fortalecer la prevención y sanción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (delitos sexuales que afectan a menores de edad).

Y es que el Pleno del Congreso aprobó este jueves, en primera votación, el artículo que contempla la opción de la castración química como medida complementaria a la pena, con 68 votos a favor, siete en contra y 28 abstenciones. Sin embargo, al igual que el debate sobre la pena de muerte, la castración química es un tema controversial desde el momento que comienza a abordarse y en cualquier espacio social.

Lo natural es que a este tema le rodee muchas interrogantes, que parten desde qué es la castración química, cómo es el procedimiento, los efectos secundarios, pero sobre todo si atenta contra los derechos de la persona, desde el punto de vista jurídico, y si realmente es disuasiva, si evitará que ocurran más lamentables casos de violaciones y abusos sexuales a menores.

¿Qué es la castración química?

La castración química es un tratamiento que consiste en la utilización de medicamentos supresores de andrógenos, suministrados a través de pastillas o en inyecciones intramusculares, que bloquean la acción o reducen los niveles de la testosterona, que es la hormona esencial para el correcto funcionamiento de la sexualidad masculina.

El fármaco que, comúnmente, se utiliza es el Depo-Provera que puede producir tres tipos de efectos: disminuye la intensidad y frecuencia de los impulsos sexuales, impide la irrigación de sangre al pene evitando la erección, e imposibilita la obtención del orgasmo y la eyaculación.

Efectos secundarios

Cuando se habla de medicamentos, lo primero que pensamos son los efectos secundarios que puede tener. Este tratamiento hormonal presenta algunos, como la disminución y pérdida de densidad ósea, dolor articular, de vello facial y corporal, una redistribución de grasa en el cuerpo (aumento de peso y el desarrollo de tejido mamario y ciertas características femeninas).

A diferencia de la castración física, la castración química no es permanente o irreversible. Para asegurar su efectividad, debe repetirse la dosis cada cierta cantidad de meses, caso contrario, el deseo sexual y sus manifestaciones físicas reaparecen.

¿Es una medida preventiva contra la violación sexual?

Hay que detenerse y leer claramente este punto para entender distintos aspectos en cuanto a la violación sexual. La castración química es considera como una medida preventiva de la violación, es decir, como forma de prevenir la reincidencia de los violadores. Sin embargo, solo sería eficaz en aquellos casos en los que el violador actúa por una falta del control del deseo sexual, olvidando que en muchos casos obedece más a la necesidad que tienen de satisfacer su ansia de dominio y poder que de satisfacer el deseo sexual en sí, según la médica española Dolores Serrat Moré.

En una línea similar pero defendiendo la posición a favor de la castración química como pena, la especialista española en temas de violencia contra las mujeres, Tina Alarcón, sostuvo que esta medida "resulta muy útil con los violadores de menores, porque estos suelen buscar esencialmente placer sexual". Pero, el caso de los agresores de mujeres adultas es distinto. "Cuando se trata de violencia de género, no buscan tanto el placer sexual, sino el de humillar a la mujer", enfatizó.

"Darle al pueblo lo que quiere"

El artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que "toda persona tiene derecho a la vida a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar". Deteniéndonos en la parte de "integridad moral, psíquica y física", el abogado penalista, César Nakazaki, en comunicación con Correo, refirió que la castración química como una medida obligatoria aplicable a los condenados por delitos sexuales, desde el punto de vista penal, "contradice la propia Constitución, ya que afecta claramente a la integridad física y psíquica de las personas, además de su libertad personal".

Precisó que "existen límites para el derecho penal, límites que establece la Constitución". "Hay dos límites que impedirían este tipo de pena: el límite del derecho penal mínimo y límite de la dignidad de la persona humana. Una pena, cualquier tipo de pena tiene que respetar la dignidad del ser humano". No obstante, explicó que "es propio de la naturaleza de una ley tener un componente principalmente político".

Así, señaló que "en materia de leyes penales hay lo que se llama una desnaturalización del derecho penal, que es el derecho penal simbólico. "Es decir, yo doy la ley penal no en función de los límites que establece la Constitución, sino por determinados mensajes que quiero dar a la sociedad. Y cómo la sociedad hoy reclama respuestas fuertes, entonces lo que hago es, lo que ha ocurrido históricamente, darle al pueblo lo que el pueblo quiere, no lo que debe", añadió.

"Represión con prevención"

"El sentir de la población es claro y necesitan este tipo de medidas para sentirse seguros, pero la única manera realista de combatir el delito es combinar represión con prevención", indicó Nakazaki. "En Perú, por la crisis económica de antes y los problemas institucionales de ahora, la política de prevención se deja de lado no es popular. Por ejemplo, si digo voy a combatir violaciones sexuales con una política de educación y la respuesta la vamos a ver en 15 años, ¿cuántos votarían por mí?", continuó.

¿Será realmente eficaz y disuasiva?

Asimismo, César Nakazaki, indicó que "en estos momentos lo que prima es el aspecto represivo", pero la castración química (ni siquiera el aumento de penas, como la cadena perpetua) "no cambiará absolutamente nada". "Si usted mata a 50 pedófilos, pero no tiene políticas de salud mental, los pedófilos no van a desaparecer. La aprobación de la castración química trae dos conclusiones: que se sigue abusando del derecho penal simbólico y que lo que se trata es de dar como fuegos artificiales legislativos para que la gente tenga una sensación de que se está luchando contra (en este caso) el delito de violación sexual, pero en realidad no va a producir ningún resultado", afirmó.

La educadora social, Marian Caro, en tanto, sí considera que "la medicación puede ser útil en algunos de casos de violación sexual", pero comparte el pensamiento del penalista peruano, en que no debe ser la única medida que se les aplique. Para evitar la reincidencia, la especialista es partidaria de obligar a los violadores a someterse a terapias para modificar la conducta y, llegado el caso, a medicarse.

En ese sentido, señaló "no hay un único tipo de violador, algunos solo agreden una vez, tampoco un tratamiento universal'. Por eso, cree que no se debe rechazar la medicación de manera global, sin valorar a quién se aplica". Para Tina Alarcón, citada anteriormente, no existe una "solución clara" para los violadores que reinciden, pero se debe "pensar qué hacemos para que no sean un peligro cuando salgan" de la cárcel. "Hay que proporcionarles terapias intensas mientras están en prisión, y las hormonales pueden ser beneficiosas", remarcó.

"No existen estudios sobre la efectividad de este tipo de penas"

El mismo debate ocurre en todos las países donde se plantea estas medidas de sanción. En Colombia, el Consejo de Política Criminal y el Ministerio de Salud, cuestionaron que “no existe consenso sobre la efectividad de este tipo de medidas ni “estudios de impacto en la salud mental y física de las personas sujetas a este tipo de tratamientos”.

Aunque la castración química se aplica en países como o Estados Unidos, Polonia, Rusia, Moldavia, Estonia, Indonesia y Corea del Sur, no existen informes que hablen sobre la eficiencia en la medida para reducir los ataques sexuales a menores.

Edwin Reyes, especialista peruano en medicina sexual, explicó para Perú 21 que, "el proyecto (que se aprobó este jueves) pretende que se mantenga a personas por mucho tiempo con un tratamiento médico que, aparte de costoso (cuesta entre 800 y 1,000 soles una dosis mensual), solo trata de evitar que vuelvan a cometer el delito, cuando lo único que le estamos quitando el deseo para poder estar con otra persona (...) Si la persona que está predispuesta a cometer un delito lo va a cometer con testosterona o sin testosterona".

Castración química voluntaria

César Nakasaki manifestó que de darse el caso de una castración química voluntaria, esta pena ya no estaría contradiciendo la Constitución, porque "se respeta la dignidad al respetarse la libertad de la persona". Según su criterio, "por cada medida represiva que damos, tenemos que trabajar medidas preventivas". Donde quiero represión debe haber prevención", reiteró.

De igual forma, opina Dolores Serrat, quien sostiene que "si la solicitud del tratamiento es de forma voluntaria el eliminaría la objeción principal desde el punto de vista ético y legal, al dejar de ser una intervención corporal forzosa y por tanto una intromisión ilegitima a la dignidad y libertad personal".

En países, como Reino Unido, Australia, España, Francia y Argentina está permitida la castración química, pero voluntaria.

Cumplimiento de las penas existentes

Serrat Moré asegura que se debe apostar por el "cumplimiento integro de las penas existentes, junto a la reeducación del delincuente, y la aplicación de medidas tras la puesta en libertad como la medida de alejamiento o la prohibición de residir en la misma población que la víctima".

La realidad de otros países son muy similares al nuestro, y el abogado guatemalteco, Oswaldo Samayoa, considera que "en la historia de la humanidad ninguna pena corporal ha sido un disuasivo para que se dejen de cometer los delitos; sí se puede lograr que estos disminuyan y una manera de hacerlo es mediante la aplicación efectiva de las sanciones, lo que implica que el sistema de justicia funcione y aplique las penas en el momento oportuno", indicó.

De acuerdo con Samayoa, la impunidad es lo que genera que las personas vean un campo abierto para cometer estos delitos, sabiendo que no van a ser sancionadas. También señaló que es errado pensar que la aplicación de penas corporales va a brindar seguridad a las personas o constituye un castigo efectivo a favor de las víctimas; y criticó el sistema penitenciario (parecido al peruano), ya que no cumple con las condiciones para el proceso de reincorporación social y tampoco existe un sistema judicial efectivo.