Los emblemáticos casos de Cosituc sin resolverse a través de los años

A paso lento. En el año 2011 empezaron a conocerse las irregularidades en el Comité de Servicios Integrados Turísticos Culturales del Cusco (Cosituc), entidad que tenía la función de recaudar y distribuir los recursos de la venta del Boleto Turístico por el ingreso a los complejos arqueológicos y les dio un uso distinto a su finalidad como la compra de un inmueble, consultorías, dispendio de recursos en publicidad y otros.

Desde ese año se iniciaron las investigaciones a nivel del Ministerio Público y muchas exautoridades, miembros del directorio y otros empezaron a desfilar por la Fiscalía.

Desde un inicio llamó mucho la atención la demora de estos procesos, ya sea de parte de los imputados con sus ausencias a las citaciones como de algunos fiscales que archivaron el caso aduciendo que se trataba de una entidad privada. Luego de apelaciones, la investigación se reabrió.

Uno de los casos es la adquisición del inmueble ubicado en el Barrio Profesional A-2 en abril del 2011. Se dijo que esta compra fue por acuerdo del directorio, cuando en las actas de sesión del mismo - según la Fiscalía - nunca existió orden expresa para este fin.

Por dicho inmueble se pagó S/. 4.5 millones de soles al ciudadano Ronmel Peralta. Las investigaciones de la Fiscalía señalan que nunca existió la aprobación del directorio para esta compra, sino solo propuestas. En ese entonces el representante del GRC, Víctor Hugo Zevallos siempre ha observado, pero contrariamente el presidente del directorio de entonces, el alcalde del Cusco, Luis Flórez señala (...) la compra del local ya se verá en otra sesión con la revisión de los documentos correspondientes”, menciona en una de las actas del año 2009. Los pagos se dieron sin tener a vista la minuta de compra y venta y tampoco la escritura pública.

La fiscalía señala además que este mismo edificio fue pretendido por una inmobiliaria por la suma de S/. 3 millones 780 mil soles, pero Cosituc lo adquirió por S/. 4.5 millones.

En junio del 2013 el Ministerio Público a cargo del fiscal Alex León de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa formula la acusación para los imputados por diversos delitos.

Para el exgerente de Cosituc, Orlando Olivera, el fiscal requirió 14 años de pena privativa por los delitos de malversación de fondos, colusión y peculado doloso.

Para el exalcalde del Cusco, Luís Flórez se requirió cuatro años de pena privativa por malversación de fondos. Jorge Zegarra, quien ese entonces era miembro del directorio en representación del ex INC (hoy Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco) es otro de los acusados y también se le pidió la misma pena que para la exautoridad del Cusco. Para Ángel Caipani se requirió la misma pena que en el caso de los anteriores por malversación de fondos.

Este representaba a la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco (DDCC). La Fiscalía también acusó a vendedor del inmueble, Ronmel Peralta, para quien pidió cuatro años por colusión ilegal.

A pesar que se abrió proceso en junio del 2013, durante el periodo de control de acusación se dilató el caso, tal como hicieron notar en las audiencias el fiscal Alex León y el procurador anticorrupción de entonces, Henry Delgado. El inicio del juicio oral está programado para el 4 de setiembre del presente año.

El pago irregular a una abogada por emisión de informes, el servicio de seguridad túrística y de seguridad privada, es otro de los procesos que tiene fecha para el inicio del juicio oral en el Poder Judicial.

En el primer caso Cosituc hizo un pago irregular a una abogada en enero del 2009 para emitir informes que sustenten su conversión a organismo público descentralizado a pesar de que este servicio lo había brindado con anterioridad la abogada Marina Sueldo. El perjuicio al Estado es por S/. 13 mil 500 nuevos soles.

En el segundo proceso se contrató servicios de seguridad turística y privada sin observar las exigencias que establece las normas de contrataciones y adquisiciones del Estado. Este habría generado un perjuicio de S/. 31 mil 584 soles.

La acusación fiscal todavía fue emitida en mayo del 2015 y el inicio del juicio oral se ha programado para este 9 de julio del presente año.

En este caso - al igual que en el caso del inmueble - para el exgerente de Cosituc, Orlando Olivera el Ministerio Público a través de la fiscal Gladis Quispe se solicita 14 años de pena privativa de libertad por los presuntos delitos de peculado doloso simple, negociación incompatible y colusión.

De la misma forma para Juan César Callahue se pide 12 años por colusión, negociación incompatible y aprovechamiento indebido. Este último era asesor del Cosituc y habría permitido la exoneración para la contratación de los servicios. Se solicitó 9 años de pena privativa para Werner Pozo por peculado doloso simple, negociación incompatible y aprovechamiento indebido de cargo. Este cumplía el cargo de gerente de administración y financiero de la entidad.

Para Marcos Holgado se pidió cuatro años de pena privativa de libertad negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo pues este era integrante de la comisión para el proceso de selección de los servicios. Finalmente para la abogada Marina sueldo se requirió 9 años de pena privativa por colusión.