Masacre en Pataz: Encuentran sin vida a los 13 trabajadores que fueron secuestrados

“¡Ayúdenme a encontrar a mi hijo, por favor! No puedo más con esta angustia, con esta desesperación”, este era el pedido entre lágrimas de la madre de uno de los 13 trabajadores secuestrados en la provincia de Pataz, en La Libertad.

Sin embargo, cualquier indicio de esperanza por recuperar a su familiar se terminó ayer por la mañana, cuando se conoció que los trabajadores secuestrados fueron hallados sin vida, tras haber sido ejecutados.

Este no es el primer ataque que ocurre contra personal de una de las principales productoras de oro en la región (ver infografía), sino que además sucede en medio de un estado de emergencia decretado en la zona para que la Policía controle el orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.

DETALLES

Los 13 trabajadores formaban parte de de R&R, una empresa de seguridad que da servicios a Libmar, operación de un minero artesanal que mantiene un contrato con la compañía minera Poderosa, cuyo trabajo se desarrolla en una zona con presencia de minería ilegal.

Según relataron familiares y compañeros de las víctimas, el sábado 26 de abril, un grupo de hombres armados irrumpió de manera violenta en las instalaciones mientras los trabajadores estaban al interior de un socavón.

El grupo de delincuentes estaría liderado por Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”.

Si bien trascendió que los criminales exigían 4 millones soles para liberar a los secuestrados, un trabajador de R&R descartó dicha información, porque los delincuentes no tenían intención de negociar.

Cuatro días después del secuestro, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, fue consultado por la denuncia.

“La situación en Pataz es compleja. Sobre la información que circuló en el sentido de que habrían secuestrado a 13 trabajadores (...), hemos tomado contacto con Poderosa y nos han descartado que pudieran tratarse de trabajadores de ellos, pero más allá de ello sean de la mina o no, nos preocupa que esta preocupación sea cierta”, afirmó en una conferencia de prensa.

Incluso, aseguró que los órganos y cuerpos de seguridad presentes en Pataz, “no tienen noticia que el suceso que se informó sea veraz, no hay ninguna denuncia”.

Sin embargo, el 2 de mayo, Poderosa emitió un comunicado que confirmó el secuestro de los 13 trabajadores.

“Este lamentable evento se produjo luego de que los criminales atacaran la operación del minero artesanal para tomar control de la misma”, indicó la empresa.

El último sábado, en redes sociales circuló un video que fue presuntamente grabado por los secuestradores, en el que ejecutan a los trabajadores a quemarropa.

Sin embargo, la confirmación de la masacre se dio ayer por la mañana, cuando los medios de comunicación informaron que la Policía encontró los cuerpos de los 13 trabajadores sin vida y atados en un túnel en el anexo de Pueblo Nuevo.

CLAMOR

El trágico hallazgo de los 13 cuerpos en Pataz conmocionó a la comunidad, entre ellos, a su alcalde Aldo Carlos Mariños, quien con la voz entrecortada le respondió a los medios de comunicación sobre el lamentable hecho.

“Primero quiero condenar a estas bandas criminales que están generando el terror con actos terroristas y tiene que tratárseles así, como una organización criminal con actos terroristas, tienen que ser sentenciados. Y mi solidaridad a todas las familias de estos ciudadanos que en busca de ir a ganar algo para asegurar la educación, vestimenta y educación de sus hijos, fueron secuestrados y asesinados”, afirmó.

En diálogo con canal N, el burgomaestre de Pataz hizo un llamado al Gobierno Central para que personal de inteligencia y de la División de Investigación Criminal (Depincri) sean enviados a la voz para identificar a las bandas criminales.

Además, hizo un llamado a la Poderosa para que se responsabilicen por los hijos de los trabajadores asesinados que se quedan en la orfandad.

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales exigió a la Presidencia de la República que convoque con urgencia una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

También exigieron la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas en Pataz, la instalación de una base militar permanente en la zona y una investigación integral para identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la masacre.

“La vida de los peruanos y la soberanía del Estado no son negociables”, se lee en un comunicado.

Mientras que el Gobierno Regional de La Libertad solicitó al Ejecutivo evaluar decretar estado de sitio en la provincia de Pataz como medida extrema, pero necesaria para recuperar el control del territorio.

Por su parte, la minera Poderosa emitió un comunicado para lamentar el fallecimiento de los 13 trabajadores que fueron cruelmente asesinados por criminales aliados a la minería ilegal.

En la misma línea, recordaron que hasta la fecha son 39 los colaboradores (mineros artesanales y trabajadores) asesinados por bandas criminales que tomaron el control de Pataz, una zona que hoy se ha convertido en un territorio sin ley, donde la violencia campea de manera impune.

Por ese motivo, hacen un llamado urgente al gobierno para que replantee su estrategia para enfrentar la criminalidad y logre la captura de los delincuentes que operan en Pataz.

“Para ello falta fortalecer el trabajo de inteligencia y trabajar de la mano con el Ministerio Público y el Poder Judicial”, indicó la empresa.

Además, la minera señaló que la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas tiene mayor responsabilidad por lo acontecido porque no atiende los pedidos de exclusión para retirar a los mineros informales e ilegales que siguen operando sin ninguna restricción.

DEMORA

Casi seis horas después de conocerse la tragedia, el Ministerio del Interior emitió un breve comunicado para informar que dispuso el despliegue inmediato de los equipos de élite del Grupo Especial contra el Crimen Organizado, así como de las divisiones especializadas de Investigación de Secuestros y Extorsiones, pero también del equipo de Investigación de Homicidios de la Dirincri para ubicar y capturar a los responsables del crimen.

“Desde el Ministerio del Interior expresamos nuestro más profundo pesar por estas irreparables pérdidas y reafirmamos nuestra firme decisión de erradicar esta lacra criminal. Nuestro agentes de élite están plenamente facultados para hacer uso de sus armas de fugo si las circunstancia lo ameritan”, se lee en el pronunciamiento.

El Congreso de la República expresó su solidaridad con los familiares y exigió al Gobierno Central que se tomen acciones inmediatas y efectivas en la lucha contra la delincuencia.

La Comisión de Defensa ya envió un oficio al ministro del Interior, Julio Díaz, para que asista hoy a las 15:30 horas para explicar, entre varios temas, las medidas preventivas a implementar por su sector para mitigar el riesgo de nuevos actos de violencia vinculados al crimen organizado en Pataz, incluyendo protocolos, mecanismos de inteligencia operativa y coordinación interinstitucional.

Al cierre de esta edición, las cuentas oficiales de la Presidencia del Consejo de Ministros ni de la Presidencia de la República, se pronunciaron sobre la masacre en Pataz.