Se dará seguimiento a la investigación con fines de determinar la responsabilidad penal y administrativa contra quienes resulten responsables.
Se dará seguimiento a la investigación con fines de determinar la responsabilidad penal y administrativa contra quienes resulten responsables.

El , a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) La Libertad, denunció ante la comisaria de Huanchaco, que trabajos de remoción no autorizados en la zona El Trópico, afectaron un montículo arqueológico.

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La alerta de afectación fue recibida por personal del área funcional de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural de la DDC, quienes inmediatamente acudieron a la zona ubicada en el vértice 33 del polígono intangible del mencionado complejo arqueológico.

El sitio de la afectación está ubicado a la altura de la Institución Educativa 870848 Nuestra Señora del Perpetuo Socorro del centro poblado El Trópico.

En el lugar, dentro de la zona arqueológica de Chan Chan, se detuvo a un volquete y un cargador frontal que habían realizado trabajos y afectado una estructura arqueológica, la cual fue removida con fines de nivelar el terreno, habilitando un camino dentro del patrimonio mundial.

Con el apoyo de efectivos de la Policía de Turismo, se logró intervenir infraganti a los operadores de la maquinaria pesada. La afectación era evidente.

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Los efectivos policiales condujeron a la comisaria de Huanchaco a los operadores de la maquinaria, quienes fueron identificados como, Leónidas Enrique Infantes (chofer del cargador frontal), Silvestre Infantes Carranza (chofer del volquete de placa W16-898) y Carlos Manuel Cotrina Lozano (albañil), quienes refirieron en el acta de intervención policial que habían sido contratados por autoridades municipales al parecer con fines de habilitar un camino. Quedando en condición de detenidos en la comisaría de Huanchaco.

Según informaron los especialistas de la DDC La Libertad, se dará seguimiento a la investigación con fines de determinar la responsabilidad penal y administrativa contra quienes resulten responsables en relación con los hechos que han dañado nuestro patrimonio cultural.

De acuerdo con la ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, este tipo de afectación al patrimonio cultural es sancionado con hasta 6 años de pena privativa de la libertad, así como las sanciones administrativas de multa al infractor.