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Se complica. El fiscal Carlos Puma Quispe, miembro del Equipo Especial “”, formuló ayer un pedido de impedimento de salida del país por 8 meses contra el exalcalde de Lima, , investigado junto a su entorno cercano por la presunta comisión de los delitos de colusión, negociación incompatible y lavado de activos en el caso Línea Amarilla.

La solicitud, presentada ante el Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Especializado en delitos de corrupción de funcionarios, también incluye a Giselle Zegarra, exfuncionaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Los casos a los que hace referencia el pedido son la firma de las adendas 2 y 3 del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla y el aumento tarifario de los peajes que se produjeron en el 2016, según se señala en el documento.

Más involucrados

Asimismo, el Ministerio Público solicitó que la medida también se extienda a los miembros del círculo cercano del líder de Solidaridad Nacional, como el excongresista José Luna Gálvez, y el exregidor y hombre de confianza de Castañeda, Martín Bustamante Castro.

Los exfuncionarios también contemplados para este requerimiento son Jaime Villafuerte Quiroz, exgerente de Promoción de la Inversión Privada, y Alfieri Bruno Lucchetti Rodríguez, exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima.

Castañeda mantiene dos investigaciones en la Fiscalía por un aparente favorecimiento a la empresa brasileña OAS en la mencionada obra de infraestructura vial.

En primer lugar, la hipótesis fiscal señala que la administración de Castañeda Lossio se coludió con la constructora para la adjudicación del proyecto, y luego con la emisión de informes técnicos y administrativos favorables a los intereses de la multinacional.

En este punto, se habría producido una presunta subestimación a los importes recaudados en los peajes sobre las proyecciones de ingresos que recibiría la concesionaria Línea Amarilla (Lamsac), encabezada por OAS.

La segunda imputación a Castañeda se basa en las aparentes coordinaciones que Giselle Zegarra habría mantenido con el expresidente de OAS, Léo Pinheiro, para lograr en el 2014 la anulación del proyecto Río Verde, propuesto por la gestión de Susana Villarán, y una eventual reunión con el exalcalde, quien entonces era candidato a su tercer periodo en la municipalidad.

En abril de este año, Pinheiro contó a los fiscales peruanos durante un interrogatorio en Brasil que en setiembre del 2014 acudió a la casa de Castañeda Lossio en La Molina para acordar el pago -que luego se concretó- de $100 mil para el último tramo de la campaña municipal de 2014.

Durante el encuentro, el líder de Solidaridad le explicó al ejecutivo que la recepción del dinero estaría a cargo de Martín Bustamante Castro.