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La mitad de las 14 mil 700 garantías personales otorgadas el año pasado por la Prefectura de Lima, adscrita al , fueron solicitadas por mujeres que sufren violencia de género, reveló el prefecto regional de Lima, Marcio Bendezú Echevarría.

El panorama se repite en lo que va de 2017, pues de las 8 mil 700 solicitudes atendidas, el 50% responde a este tipo de casos. “La más alta incidencia es violencia familiar y el segundo grupo está integrado por adultos mayores”, detalló a Correo.

Asimismo, sostuvo que San Juan de Lurigancho es el distrito que registra más pedidos; sin embargo, debido a la falta de personal y presupuesto solo logran atender al 20% de la población. “Estamos tratando de mejorar y ampliar nuestras sedes, pese a que no tenemos el personal ni las herramientas necesarias”, dijo. 

PROBLEMAS. El funcionario explicó que ante cualquier acto de amenaza, coacción, hostigamiento y violencia que atente contra la integridad de una persona, establecen medidas preventivas para protegerla.

No obstante, reconoció que la protección a mujeres agredidas presentaba falencias. Esto fue advertido, en este diario, por Rosa Mavila, defensora adjunta para los Derechos de la Mujer, quien estimó que el 95% de estas víctimas no recibe una medida de protección o es “simbólica”, y esto conlleva a que finalmente la violencia termina en un feminicidio.

“Ahora estamos en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para derivar a las víctimas a los Centros de Emergencia Mujer y, cuando existe riesgo extremo, acudimos a las comisarías y fiscalías, a fin de pedir resguardo e impedir que el agresor se acerque”, refirió.

Además, sostuvo que si bien antes la Policía carecía de efectivos para realizar esta labor y tardaba en responder los pedidos, la situación está cambiando.Según la norma, 30 días es el plazo que tiene la Prefectura, desde que se formula la solicitud con los medios probatorios, para que determine si da una persona las garantías personales. 

No obstante, Bendezú señaló que en casos de población vulnerable, el dictamen es inmediato.

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