Penal de Lurigancho también podría ser trasladado fuera de la ciudad

El penal de Lurigancho también podría ser incluido en el proceso de mudanza hacia otra zona fuera de la ciudad en el mediano plazo, como ya se ha considerado a los establecimientos penitenciarios de Mujeres de Chorrillos (ex Santa Mónica) y el de Lima (ex San Jorge), se informó hoy.

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), José Luis Pérez Guadalupe, opinó que en la iniciativa de traslado de los penales fuera del casco urbano de las ciudades, podría considerarse el de Lurigancho, ya que el modelo de este es completamente obsoleto.

Sostuvo que se trata de un centro carcelario con casi 50 años de antigüedad, que no encaja en los diseños necesarios para propiciar la reinserción y rehabilitación del interno y que no incluye espacios tan necesarios como zonas de visitas y de talleres.

Recordó que inicialmente el Ministerio de Justicia y Proinversión firmarán un convenio marco para propiciar la participación privada en la construcción de penales modernos y que posteriormente se suscribirán acuerdos específicos, penal por penal, en los que podría estar incluido a mediano plazo el de Lurigancho.

Anotó que el penal de Lurigancho ocupa un terreno de 20 hectáreas que podría tener otro uso, ya sea de rentabilidad económica o de rentabilidad social, como, dijo, una zona de esparcimiento.

El proyecto inicial de traslado comprende a los penales de Chorrillos y San Jorge, teniendo en cuenta que, por su ubicación, pueden resultar muy atractivos a la iniciativa privada.

El funcionario anunció ayer a la agencia Andina que los mencionados centros de reclusión serán retirados del casco urbano en el mediano plazo, mediante un proceso de permuta con el sector privado.

Consultado sobre los lugares en los que podrían ser reubicados, Pérez Guadalupe manifestó que debe pensarse en zonas fuera de la ciudad, pero que no estén muy alejadas ni que sean inhóspitas, porque no solo se generaría la desvinculación de los internos con sus familias, sino que además se crearía un problema de costos para los trabajadores penitenciarios.

"Resulta paradójico, pero nadie quiere un penal cerca al lugar donde vive y solo cuando tienen un ser querido preso se dan cuenta del drama familiar que eso representa y reclaman si los penales están muy alejados", comentó el titular del Inpe.

Pérez Guadalupe estuvo hoy en la universidad San Marcos, donde 3,600 postulantes a agentes penitenciarios rindieron una prueba para acceder a uno de las 600 plazas disponibles.