Perú debe responder ante Corte IDH por posibles abusos policiales contra persona LGTB (VIDEO)

Por primera vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos () resolverá un caso sobre violencia en contra de las personas LGBT, en el que Perú deberá responder por la detención ilegal y tortura sexual cometida por policías en perjuicio de Azul Rojas Marín.

El 25 de febrero de 2008 en Casa Grande, en , miembros de la  detuvieron de manera arbitraria a Azul Rojas, supuestamente, con la finalidad de realizar un control de identidad cuando caminaba hacia su casa.

Mientras duró la detención de Azul, los oficiales lo agredieron verbalmente con expresiones denigrantes referidas a su orientación sexual (en ese entonces, la víctima se identificaba como un hombre gay). Además, lo sometieron a diversas formas de violencia física y psicológica, incluyendo violación sexual.

Hasta la fecha, los responsables de estos delitos no han sido debidamente procesados ni sancionados en Perú. A lo largo de la investigación, la víctima fue descalificada y su testimonio puesto en duda. Esta revictimización fue realizada tanto por operadores de justicia en la actuación probatoria como en el marco de las decisiones que dieron lugar a la suspensión de la denuncia por el delito de tortura, por la supuesta falta de pruebas.

Estado Peruano contravino en sus obligaciones

Ante esta situación, con la asistencia legal de Promsex, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y de REDRESS, organización británica que lucha contra la tortura, Azul presentó su caso a la CIDH, que consideró -tras analizar los hechos- que el Estado peruano contravino las obligaciones de atención y protección de una víctima que denuncia violencia sexual, con el factor agravado del prejuicio existente respecto de las personas LGBT.

Además, para la CIDH encontró elementos con lo que estimó hubo un especial ensañamiento con la identificación o percepción de Azul Rojas Marín, para ese momento, como un hombre gay. Así, sostuvo que lo sucedido a la víctima debe ser entendido como violencia por prejuicio.

La CIDH sometió el caso –ocurrido hace 10 años- a la jurisdicción de la Corte Interamericana el pasado 22 de agosto de 2018 porque el Estado peruano no presentó propuesta alguna de reparación integral a favor de Azul Rojas Marín y su madre, a pesar de la gravedad de la tortura sexual de la que fue víctima.