Polémica en contrato de Vía Expresa Sur
Polémica en contrato de Vía Expresa Sur

El otorgamiento a la empresa Graña y Montero de la buena pro para la construcción de la Vía Expresa Sur sorprendió a varios integrantes del Concejo Metropolitano de Lima en la sesión de ayer.

Ello ocurrió cuando la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, reconoció que en el marco del citado proceso de adjudicación hubo empresas que con solicitudes irregulares pretendieron obtener la obra.

Al escuchar esto, varios regidores de oposición solicitaron a la alcaldesa que revele a qué empresas hacía referencia, pero la burgomaestre permaneció en silencio.

El regidor Fernán Altuve Febres fue quien más cuestionó los posibles actos de corrupción al señalar que si la autoridad edil persiste en no revelar los nombres de estas compañías, podría ser señalada como cómplice.

En diálogo con Correo, indicó que lo que corresponde es que se informe a la Contraloría qué es lo que han pedido o insinuado las empresas, "porque lo que Villarán afirmó en la sesión, debe venir con la denuncia inmediata a los órganos de control".

Altuve señaló que aunque la alcaldesa sostuvo que esas empresas ya estaban fuera de la lista de la municipalidad, "a fin de cuentas sería bueno que (Villarán) nos indique qué empresas han actuado mal y por qué dice que actuaron mal".

CARTA FIANZA. Por su parte, el regidor pepecista Jorge Villena reveló que las empresas que se acercaron a la oficina de Villarán habrían pedido el favor de que se les exonerara del requisito obligatorio de la presentación de la carta fianza.

"Villarán dice que estas empresas ya no trabajarán con la municipalidad, pero sería bueno saber qué tipo de empresas piden estos favores y, sobre todo, reconocer el hecho de que si una empresa se acerca con este pedido, es porque le hacen este tipo de favores", indicó.

Al respecto, Altuve argumentó que en todo pedido o propuesta ilegal una autoridad está expedita para informar a la Contraloría.

Por ello, reclamó que si bien Villarán se ufana de una gestión transparente, ello debe plasmarse en los hechos.

"No se puede estar callado cuando las empresas que se acercaron, piden algún tipo de beneficio que no está en los reglamentos", opinó.