Presentan demanda contra norma que prohíbe a los policías realizar otros trabajos

Las familias de los miembros de la Policía Nacional del Perú interpondrán hoy una demanda de acción popular contra el Decreto Legislativo Nº 1213, cuyo Artículo 4 prohíbe a los agentes brindar el servicio de seguridad privada en sus días de franco.

El experto en derecho policial, Juan José Santivañez, anunció el inicio de este proceso legal debido a que la norma “restringe el derecho laboral que tiene toda persona” y afecta la economía de los hogares que se sustentan por los ingresos que perciben los policías.

“Solicitaremos al Poder Judicial que declare explícitamente inconstitucional este artículo de la disposición, que considera incompatible la prestación o desarrollo de servicios de seguridad privada con la condición de policía”, detalló.

Compensación. Santivañez explicó que desde 1994, año en que se estableció la modalidad de trabajo 24x24, además de su sueldo, el personal policial percibe ingresos mensuales de hasta 1500 por realizar actividades de vigilancia en bancos o empresas.

Esto, señaló, no ha sido considerado por el Gobierno, pues al publicar la disposición “evitó aumentar, de forma verdadera, las remuneraciones de los agentes”.

“El Ministerio del Interior solo les ha otorgado bonos que no están sujetos a derecho y cuando pasen a la situación de retiro, van a perderlos”, refirió.

Por su parte, el exgeneral PNP Remigio Hernani, exministro del Interior, calificó esos aumentos “como un engaño”.

“Toda la ciudadanía pide a la Policía dedicación exclusiva en el combate a la delincuencia, pero esto debe ir acorde con un mejor salario para que puedan vivir dignamente”, dijo.

Para Henani, el Gobierno actual tiene dinero suficiente para darle a los policías un sueldo decente y así no busquen en el trabajo privado, el dinero que les falta.

“El malestar que se ha generado por la nueva norma, que en mi opinión es buena, puede ser solucionado si el Estado les devuelve esos 1500 soles que ganan en otro lado”, acotó.

Restricción

La norma también prohíbe a los militares y policías ser socios, gerentes o representantes de empresas que brinden servicios de seguridad.