Procuraduría denuncia 52 casos de sustracción de dinero de programas sociales

El procurador anticorrupción Joel Segura informó esta noche que se han detectado 52 casos a nivel nacional de trabajadores del Banco de la Nación (BN), que han sustraído dinero de los programas sociales, destinado a sectores más pobres, hasta por 2 millones 400 mil soles.

Dijo que el caso ocurrido en Cajamarca es solo uno de ellos, pues también se han registrado delitos similares en Bambamarca y Cajabamba, en la misma región norandina, y Bolívar, en La Libertad.

El Cajamarca el robo asciende a un millón 80 mil soles, de los programas Juntos y Pensión 65; en Bambamarca, 800 mil soles; Cajabamba, 450 mil soles, y en Bolívar, 47 mil soles.

En conferencia de prensa, Segura explicó que todos estos casos fueron detectados por el mismo Banco de la Nación, al hacer una auditoria a los referidos programas sociales.

"Existiría aproximadamente 52 casos a nivel nacional con esta modalidad", señaló, tras indicar que la Procuraduría a su cargo ha tomado acciones muy concretas, para que estas conductas ilícitas sean severamente sancionadas.

Con respecto al caso del cajero Víctor Raúl Ríos Díaz, que junto con su pareja Emma Quiroz Medina, se apropió de más de un millón de soles de la sucursal de Cajamarca, el procurador Segura cuestionó la tipificación penal hecha por la fiscalía de esa región.

En efecto, señaló que el fiscal Edgar Rebaza, titular de la Tercera Fiscalía Superior de Cajamarca, ha tipificado este delito como hurto o robo, cuando lo que corresponde, según la Procuraduría, es peculado.

"Esta decisión es preocupante (...) porque afecta y perjudica terriblemente todos los casos, que en este sistema, siempre estamos preocupados por llevar de manera cautelosa y firme", expresó.

El funcionario dijo además que existen serias dudas sobre la objetividad del representante del Ministerio Público, por lo que en las próximas horas estarían presentando elementos al respecto.

Segura señaló que este delito no es robo, sino peculado, porque se trata de funcionarios con acceso al sistema, con información privilegiada, que les permitió consumar ese delito.

Indicó que peculado tiene hasta 12 años de cárcel, pero al margen de la pena, la sanción debe reconocer el rol que tenían estos trabajadores en el sistema, y no tratarlos como unos simples ladrones.

Respecto a la situación de Ríos Díaz y Quiroz Medina, indicó que siguen como no habidos.