El Gobierno promulgó la modificación de la Ley N.º 27692, conocida como “ley anti-ONG”, que fortalece el trabajo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y amplía su capacidad de fiscalización. La norma, publicada en el diario oficial El Peruano, exige que todas las organizaciones receptoras de cooperación técnica internacional no reembolsable informen y sustenten de manera detallada el destino de los fondos recibidos, así como sus planes, proyectos y gastos en un sistema público accesible a las autoridades.
La presidenta de la República calificó esta medida como un “paso firme y decidido” hacia la transparencia, resaltando que el control y la fiscalización constituyen prerrogativas fundamentales de un Estado constitucional, soberano y democrático. Por su parte, diversas organizaciones civiles han manifestado su preocupación, alertando sobre un posible tinte autoritario. Eduardo Cáceres, de la Asociación Nacional de Centros, declaró que este no sería un hecho aislado, sino que se enmarcaría en otras acciones que podrían vulnerar la libertad de las ONG.
Asimismo, las entidades afectadas evalúan la posibilidad de emprender acciones legales para frenar la implementación de la nueva ley. Según Cáceres, las ONG agotarán primero las vías judiciales internas, pero no descartan acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) si consideran que sus derechos se han visto vulnerados. En tanto, el Poder Ejecutivo defiende que la medida fortalece la supervisión y promueve la rendición de cuentas.
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