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La reciente promulgación de la nueva Ley del Régimen Laboral Juvenil Especial, ha generado reacciones de diferentes organizaciones de jóvenes e instituciones, quienes mostraron su malestar e indignación por los beneficios que se quita a los jóvenes trabajadores como la CTS, utilidades, gratificaciones y otros.

El Parlamento Joven de la región Puno realizó un pronunciamiento público en el que muestran su rotundo desacuerdo y rechazo a esta Ley N° 30288- Ley que promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social, considerándolo un régimen discriminatorio e inconstitucional, que fomenta la desigualdad y sólo beneficia al sector empresarial.

“Definitivamente con esta ley se beneficia a las grandes empresas transnacionales con la mano de obra barata a la cual se exponen los jóvenes, por eso pedimos la acción inconstitucionalidad, pues es un derecho de todo ciudadano”, expresó Rocio Gloria Espinoza Alave, vocera del Parlamento Joven – Región Puno.

Asimismo señaló que en el Artículo 26 de la Constitución se menciona la igualdad de oportunidades sin discriminación; sin embargo, con la ley mencionada se discrimina y excluye la igualdad de condiciones laborales en los jóvenes.

Por ello, el día de mañana (viernes) 19 de diciembre realizaran una gran movilización por las diferentes calles de la ciudad de Puno, en rechazo a este Ley promulgada por el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Organización de la Universidad Nacional de Juliaca (UNAJ), Oswaldo Luizar Obregon, indicó que el nuevo régimen laboral para la juventud fue forzado por la presión de los empresarios para librarse de su carga económica.

El responsable de la referida universidad mostró su rechazo por la nueva ley, pues explicó que los jóvenes antes podían denunciar a las empresas por explotación; sin embargo, hoy no podrán hacerlo ya que los industriales están amparados por el marco legal que fue aprobado días atrás.

Además dicho régimen pone en una situación difícil a los futuros profesionales que están estudiando y a otros que actualmente vienen trabajando. “Están perdiendo derechos y posibilidades de generar experiencia, los industriales no quieren tener esa carga económica, no quieren pagar beneficios a los jóvenes, y cuando cumplan 25 años pueden ser despedidos, a los jóvenes capacitados los van a postergar porque van a solicitar a jóvenes que no den gastos”.

Las autoridades regionales, locales y rectores deben pronunciarse al respecto, pues los jóvenes de ahora están más capacitados, añadió.

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