Puno: Mafia simulaba procesos judiciales en Moho

La Fiscalía Provincial Mixta de Moho consiguió que el juzgado de esta jurisdicción, emita el mandato de prisión preventiva por 09 meses en contra de Jovita Gálvez Ormachea (54) y Katherine Marina Iturrizaga Durand (37).

Además que se ordene la comparecencia restringida para Adolfo Salvador Ramirez Condori (73), juez de paz de segunda nominación de Moho, todos ellos acusados de la presunta comisión de los delitos de Estafa en su modalidad de simulación de juicio, fraude procesal y falsificación de documentos en agravio del Estado y de la integrante de la Policía Nacional del Perú, Jenny Milagros Mendoza Salas (36).

Según se conoció el pasado 10 de marzo del presente año, la Fiscalía Provincial Mixta de Moho, intervino a nivel de prevención del delito el juzgado de paz letrado de Moho, donde despachaba el juez de paz Adolfo Salvador Ramirez Condori, quien habría sido acusado de emitir sentencias producto de una simulación de juicio.

Según la denunciante, se la habría descontado hasta 7 mil soles en su planilla de pago policial, esto a partir de una sentencia emitida por el juzgado de paz de letrado de Moho, como resultado de un proceso de obligación de dar suma de dinero (expediente 48-2014), donde Katherine Marina Iturrizaga Durand, demandó el pago de una presunta deuda contraída por la víctima. Los documentos que sustentaban la deuda simulada eran fraudulentos y por el proceso judicial también.

El juez de paz de Moho, dirigió la sentencia de este irregular proceso al director ejecutivo de personal de la Policía Nacional del Perú, quien ejecutaba los descuentos a Mendoza Salas.

Se conoció además que Jovita Gálvez Ormachea, era la “tramitadora” de esta organización, encargada de ejecutar las “gestiones” y remitir los documentos a la ciudad de Lima para que se hagan efectivos los descuentos.

El juzgado determinó el mandato de comparecencia restringida para el juez de paz letrado, tomando en cuenta su avanzada edad; mientras que para las 2 inculpadas en el proceso se emitió la orden de captura a nivel nacional.

La fiscalía no descarta la existencia de más casos, donde se simularon deudas y emitieron sentencias para lograr descuentos por planilla de manera ilícita.