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La comunidad indígena de la etnia wampís, asentada en la selva norte de Perú, pidió este al Gobierno peruano la conformación de una comisión multisectorial de alto nivel para combatir los crímenes ambientales, como la tala ilegal, que amenazan su territorio.
A través de un pronunciamiento, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís solicitó también que se reconozca el territorio integral de esta comunidad como “un órgano vital de los seres vivos” y que se anulen todos los permisos forestales existentes en él.
Asimismo, exigieron que se realicen intervenciones permanentes contra la tala y la minería ilegal en coordinación con los wampís y se instale una Fiscalía Ambiental en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas.
Igualmente, pidieron que el Ministerio de Justicia active el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos para los pobladores wampís amenazados.
En ese sentido, plantearon a las empresas que “dejen de expandir sus proyectos mineros, de agroindustria, petroleros, madereros, pesqueros, construcción de carreteras” como vías de acceso a las principales cabeceras de las quebradas y territorios protegidos por los wampís.
El pasado lunes, el vicepresidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), Galois Flores, declaró a Efe que necesitan que “se detengan todos los procesos de talas ilegales porque está generando un clima polarizado”.
Flores hizo un llamado al Gobierno nacional a visitar su territorio que, conformado por 85 comunidades y unas 16.000 personas, abarca más de 1,3 millones de hectáreas en los valles de los ríos Santiago y Morona, entre las regiones selváticas de Amazonas y Loreto.
Según explicó, la región está siendo cada vez más afectada por la extracción indiscriminada de cedro, caoba y otros árboles por parte de organizaciones criminales que amenazan de muerte a los dirigentes del GTANW.
“Las maderas que se están llevando son de procedencia ilegal (...) Por ello las autoridades hemos recibido muchas amenazas de muerte por parte de los madereros y también mineros”, declaró Flores.
Además, el vicepresidente denunció que las mafias están reclutando a algunos integrantes del pueblo wampís, lo que “genera problemas sociales” entre paisanos.
En un documento, remitido el 17 de junio pasado al primer ministro, Aníbal Torres, los dirigentes de este grupo indígena alertaron que, en los últimos días, el conflicto con la tala ilegal “ha generado una situación tensa entre las comunidades que defienden el bosque y los madereros ilegales” y pidieron que las amenazas de violencia sean “frenadas por las autoridades”.
Solicitaron, también, que se active “de manera urgente el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos a favor de todas las autoridades” wampís.
El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW) advirtió posibles enfrentamientos entre madereros ilegales y las comunidades nativas del pueblo indígena wampis por la retención de madera extraída ilegalmente de la cuenca del río Santiago, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.
“Los ministros de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Interior, Defensa, Agricultura, Ambiente, el Gobernador de Amazonas, y los funcionarios bajo su mando; tienen deberes que cumplir y responsabilidades políticas y funcionales. Los llamamos a actuar e impedir que se repita el escándalo internacional similar maderero de la comunidad Saweto y los defensores indígenas asesinados”, señala el documento.
Ante ello, la Defensoría del Pueblo demandó al Poder Ejecutivo, al Ministerio Público y al Gobierno Regional de Amazonas priorizar erradicación de tala ilegal y garantizar la seguridad de pueblo indígena wampis.
Sostuvo que resulta preocupante la ausencia del Estado para combatir la tala y minería ilegal en la provincia de Condorcanqui, actividades que no solo afectan al ambiente y nuestros recursos naturales, sino que además pone en riesgo la integridad y vida de la población wampis, que se ve obligada a intervenir y hacer frente a estos delitos.
Asimismo, señalaron que, desde hace más de dos años, los representantes del GTANW vienen exigiendo a la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional (GORE) de Amazonas –en su calidad de Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre de la región–, a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental Bagua y otras autoridades competentes que cumplan con sus funciones y erradiquen la tala ilegal que se viene produciendo en la cuenca del río Santiago, distrito de Río Santiago.
“Como resultado de esta acción, representantes del GTANW han sido objeto del robo del único medio de transporte con el que contaban, así como de amenazas de quema de su local comunal, poniendo en riesgo su integridad y vida”, señala el comunicado.
(Con información de EFE)
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