Región instaló un ilegal Consejo Regional de la Competitividad

Los gobiernos regionales del país han creado sus Consejos Regionales de la Competitividad (CRC) desde el año 2004, inclusive algunos ya cuentan con su Plan de Competitividad Regional (PCR), elaborado a propuesta del CRC, debidamente aprobado por ordenanza. Como ejemplo tenemos lo sucedido en las regiones de Lambayeque, Ucayali, Junín y Cusco.

El objetivo de un PCR es presentarle a los agentes económicos los compromisos que distintos actores involucrados asumen con la finalidad de promover una mejora en la competitividad de las empresas de la región. Ello no solo beneficiaría a las empresas, además sería un incentivo para atraer nuevas inversiones, generar más empleo y, en resumen, facilitar el desarrollo económico regional.

Así, un PCR ideal debe incluir las actividades, plazos y compromisos que cada agente económico tendría que realizar para alcanzar el objetivo de aumentar sostenidamente la competitividad de las empresas. En vista de la variedad de posibles agentes involucrados (gobierno regional, empresa privada, gremios, ONG, etc.), el proceso de elaboración involucra diálogo, concertación y aceptación de compromisos entre los mismos.

Dado que el proceso es progresivo y complejo, la experiencia dice que se presenta inicialmente un PCR, el cual incluye las actividades, plazos y compromisos que son de responsabilidad exclusiva del gobierno regional. Vamos a ver cómo estamos en el altiplano.

CONTEXTO. La realidad peruana enfrenta una serie de problemas estructurales que inhiben a la inversión y afecta su competitividad. El Perú cuenta con un mercado interno reducido, con unidades productivas donde predominan el autoempleo y las microempresas, y donde la mayoría de la producción pasa por el sector informal.

Asimismo, se cuenta con un comercio diversificado pero con exportaciones poco dinámicas que en general se componen de productos poco sofisticados. Además, algunos sectores exportadores generadores de empleo se enfrentan con barreras para la entrada en mercados externos. Finalmente, la estabilidad macroeconómica reciente contrasta con problemas estructurales profundos, como el déficit fiscal y la calidad del gasto público.

CÓMO VAMOS. En el Gobierno Regional de Puno, este es un tema de orden secundario; tanto en las gestiones de David Jiménez (2003-2006) y de Hernán Fuentes (2007-2010), como tampoco en la de Mauricio Rodríguez, se ha creado por ordenanza el Consejo Regional de la Competitividad (CRC) .

Empero, el pleno del consejo regional y el presidente regional de la gestión 2007-2010, aprobó y promulgó la Ordenanza Regional Nº 015-2010, por el cual se aprueba el Plan Regional de Competitividad de Puno, elaborado y promovido por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico de ese entonces; cuando en realidad este documento debió ser elaborado bajo la convocatoria del Consejo Regional de la Competitividad, quienes son los actores principales y directos del sector empresarial.

En el Gobierno Regional de Puno, existe responsabilidad compartida: por un lado de los consejeros regionales, de los gerentes regionales, en especial de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y, por otro lado, la falta de visión de los presidentes regionales que no han tenido la voluntad ni la talla para liderar el desarrollo regional.

También se nota la inexistente participación de los colegios profesionales, de especial forma del Colegio de Ingenieros, y muy particularmente del Colegio de Ingenieros Economistas, en los procesos de desarrollo económico regional; se puede decir que la sociedad civil está ausente en estos procesos, o será acaso la poca capacidad de convocatoria de parte de las autoridades regionales y locales.

LOS SORPRENDIERON. Los titulares y/o representantes de las siguientes instituciones y organizaciones que fueron sorprendidos en las instalaciones del Hotel Royan Inn (pues la instalación del GRP no se ajusta ni legal ni técnicamente a la realidad), son: 1) Universidad Nacional del Altiplano, 2) Cámara Regional de Turismo, 3) Cámara de Comercio Puno, 4) Cámara de Comercio Juliaca, 5) Comité Regional Exportador, 6) Universidad Andina N.C. Velásquez, 7) COREMYPE, 8) Universidad Peruana Unión, 9) Municipalidad Provincial de Puno, 10) Municipalidad Provincial de San Román, 11) SOLARIS PERU, 12) Dirección Regional Agraria, 13) Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, 14) Dirección Regional de la Producción, 15) Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, 16) Dirección Regional de Energía y Minas, 17) Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 18) Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto, y Acondicionamiento Territorial (OFICIO MULT. Nº 150-2012-G.R. PUNO/P de fecha 10 de octubre de 2012).

Es decir, de 18 instituciones y organizaciones convocadas, diez son instituciones públicas burocráticas del Gobierno Regional de Puno; entonces, ¿dónde están los representantes del sector empresarial?

A LA LEGALIDAD. Las instituciones públicas y privadas, deben ser consideradas en la Ordenanza Regional que crea el CRC de la región Puno y no directamente los que considere el Ejecutivo del Gobierno Regional de Puno. Por ejemplo, debe estar un representante de las Organizaciones No Gubernamentales - ONG, elegido entre ellos a nivel regional y no precisamente convocar con nombre y apellido como es SOLARIS PERU, porque se trata de que los actores y los que compiten no son las instituciones, sino las empresas.

El director ejecutivo del Consejo Directivo del Consejo Regional de la Competitividad de la región Puno, debe recaer en un representante del sector empresarial; sin embargo, en la propuesta del Ejecutivo se considera como Secretaría Técnica al Gerente Regional de Desarrollo Económico; es decir, al ingeniero Jorge Caro Escarcena, un cargo más de los que ya ostenta el citado empleado de confianza de la administración Rodríguez.