Sicariato juvenil en aumento: 83 asesinatos en cuatro meses

El sicariato, o el asesinato por dinero, una modalidad colombiana importada por las bandas criminales locales, ha adquirido en nuestro país una particularidad infame por la participación de adolescentes menores de 18 años.

Chicos entre 13 y 17 años de edad son utilizados cada vez más por pandillas precarias y organizaciones criminales conducidas por delincuentes adultos para cumplir "servicios" de asesinato contra ciudadanos, cobrar cupos de extorsión, eliminar a delincuentes competidores, entre otros.

Todo ello aprovechando las características de nuestra legislación que establece dos sistemas paralelos, uno para adultos (Código Penal) y otro para adolescentes infractores menores de 18 años de edad (Código de los Niños y Adolescentes) enmarcado en el sistema de justicia penal juvenil, la cual establece, mejor dicho establecía, la inimputabilidad casi absoluta de los menores, incluso para casos de la máxima gravedad como el homicidio por lucro, o sea el sicariato.

CIFRAS MAYORES. El delito de sicariato por menores de edad aumenta en 30% desde el 2012, de acuerdo con cifras policiales citadas por el exdirector de la PNP Octavio Salazar.

En el 2012 se registraron 210 asesinatos perpetrados por menores de edad en todo el país. En el presente año solo en el cuatrimestre enero-abril la cifra creció a 82, muy superior al mismo período de 2012 en que llegó a 50. La proyección de Salazar a fin de año bordea los 300 casos, lo cual representa un incremento de 30%, estimó.

Según el anuario estadístico de la Policía Nacional, los homicidios cometidos por menores de 18 años eran significamente más reducidos, aunque gradualmente en ascenso.

En el 2008 se tiene registrado 14 homicidios, la mayoría bajo al modalidad de sicariato, en el 2009 hubo 35 casos, y en el 2010, se conocieron 39 casos.

En general, el número de adolescentes infractores a la ley penal -en diversas modalidades de delito- fue en aumento desde el 2008. Ese año hubo 2917 menores involucrados en diversos delitos, entre el sicariato. En el 2009, fueron registrados 2935; y en 2010 saltó a 3407 en todo el país, de acuerdo con los anuarios estadísticos de la PNP.

Pese a que Lambayeque muestra los casos emblemáticos, son Lima Metropolitana y el Callao, debido a su alta densidad poblacional, los que muestran las mayores cifras. Le siguen Cusco, Lambayeque, Madre de Dios y Huánuco.

CLAMOR CIUDADANO. El clamor de la población contra la inseguridad en las calles ha dado lugar a diversos proyectos de ley para revisar la legislación.

De manera puntual, varias iniciativas legales sobre el sicariato juvenil confluyeron hacia la Comisión de Justicia del Congreso de la República desde el Poder Judicial, el Ejecutivo y de distintos grupos políticos del Parlamento a lo largo del 2012 y el presente año.

En tanto, proseguían los debates en la Comisión de Justicia, los casos de menores de edad, avezados en el uso de armas de fuego e involucrados en asesinatos por encargo seguían abultando las estadísticas en todo el país.

El 29 de noviembre, en el Cusco, dos adolescentes mataron a machetazos a un compañero escolar de 16 años y lo degollaron con una hoja de afeitar.

El 31 de diciembre, "el sicario más joven del Perú" apodado "Gringasho" encabezó la escandalosa fuga de 27 menores de edad del centro juvenil exMaranguita, en Lima, luego de una feroz pelea con un grupo rival.

Otro sicario adolescente asesinó a tiros al vicepresidente del gobierno regional de Loreto, Augusto Wong López, el 12 de febrero de 2013.

Ante el clamor público, el propio presidente Ollanta Humala se montó en la cresta de la ola: "No puede ser que este tipo de delincuentes se ampare cronológicamente en que tienen menos de 18 años para seguir en Maranguita (...) debe revisarse la ley para que estos jóvenes puedan ir a penales comunes de alta peligrosidad porque tenemos que ponerle un alto a estas sinvergüenzadas", dijo a comienzos del año.

Bajo una alta emotividad, el Mandatario llegó a proponer el traslado de "Gringasho" a la prisión puneña de Challapalca.

A la fecha, el asesino juvenil, que tiene un prontuario de alta peligrosidad, con al menos 10 asesinatos por dinero, ya tiene la edad adulta -cumplió 18 años en marzo último- y está sometido a un régimen especial en el penal Piedras Gordas II, en Puente Piedra, en un ambiente acondicionado en la prisión.

CASO "HORMIGUITA". No deja de sorprender la aparición de nuevos niños-sicarios. La primera semana de agosto, la Policía de Trujillo capturó a un niño de 13 años identificado con las iniciales D.A.R.L. y conocido con el apodo de "Hormiguita".

Se le acusa de tres asesinatos, uno de ellos contra el empresario de transporte público Laurence Francis Toledo Reaño a quien, según testigos, le disparó dos tiros de revólver en la cabeza el 30 de julio pasado. Se negó a pagar un cupo de 15 mil soles.

Cuando fue detenido estaba ebrio y hacía disparos al aire -como un alucinado cowboy- con un revólver calibre 38. Tras el rostro inocente había en realidad un chico trajinado en la delincuencia desde hace más de un año. A los 12 años fue reclutado por el veterano "Taita" del hampa apodado "Cojo Mame" o Mamerto Florián López, sanguinolento secuestrador y pistolero hoy recluido en Challapalca. Tiene varios parientes en el mundillo sucio de la delincuencia.

Entonces nada tiene de particular que se uniera a inicios de este año a la pandilla de sus parientes a los que la policía de Trujillo conoce como "Los Leoncitos". Era usado para extorsionar y exigir cupos y asesinar por contrato.

DURA LEY. Los proyectos de ley del Poder Judicial, el Congreso y el Ejecutivo se conjugaron finalmente en la Ley 30076, promulgada por el Ejecutivo y publicada el 19 y 20 de agosto en el diario Oficial El Peruano.

Esta norma modifica los artículos 197, 237, 238, entre otros del Código de los Niños y Adolescentes, y establecen sanciones más duras para los sicarios e infractores menores de 18 años de edad.

El Código de los Niños y Adolescentes, por ejemplo, establecía que los menores infractores de la ley penal no podían ser sancionados con más de seis años de internamiento en un centro juvenil. En todo caso, saldrían en libertad al cumplir los 21 años.

La nueva ley ordena que estos menores de alta peligrosidad serán trasladados al cumplir 21 años a un establecimiento penal primario a cargo del Inpe, pero a un ambiente especial separado de los reclusos comunes, hasta el cumplimiento total de la condena.

Antes del traslado a una prisión tiene derecho a ser evaluado por un equipo de profesionales y personal del Ministerio Público. El informe será remitido al juez correspondiente, quien dispondrá su internamiento en un penal si considera que es un peligro para la sociedad o lo envía a su casa.

Asimismo, la nueva ley introduce modificaciones en el Código Penal y endurece las penas, incluso cadena perpetua, para los integrantes de bandas criminales que emplean a menores de edad en delitos de homicidio, secuestro, extorsión y otras modalidades.

ALARMANTE. Si bien la nueva ley (30076) ha sido bien recibida por quienes apuestan por el endurecimiento de las sanciones, no todos están conformes. Al legislador y exministro del Interior Octavio Salazar, la norma le parece acertada.

"Ya tenemos la norma. Contiene, en esencia, la legislación para poder castigar drásticamente lo que significa el crimen organizado. El sicariato forma parte de los 26 delitos del crimen organizado", comenta.

Agrega que aquellos que usen a menores para el sicariato podrían ser condenados a cadena perpetua.

"Lo que hace falta ahora es implementar esa ley. Eso requiere de la creación de la Dirección Nacional Contra el Crimen Organizado, con policías, fiscales, procuradores, inteligencia financiera, y una infraestructura física para el seguimiento, con sistemas de escucha telefónica y tecnología moderna", sostiene.

Para el coronel en retiro de la Policía Elidio Espinoza, la norma contra el sicariato es acertada para combatir a la criminalidad. A su juicio, la realidad que vive el país -en una oleada de criminalidad creciente-, así lo amerita.

Según el jurista y penalista Luis Lamas Puccio, la norma en mención "es exagerada" y podría poner en riesgo la reeducación del menor de edad. En cuanto al proyecto de ley que propone ampliar la responsabilidad penal de los menores de 18 a 16, tal como lo ha propuesto la presidencia del Poder Judicial, opina que el planteamiento amerita un amplio debate especializado.