El Tribunal Constitucional (TC) extendió hasta el año 2030 el plazo para que el Poder Ejecutivo resuelva el problema de hacinamiento en los penales del país, luego de que el Gobierno de Dina Boluarte solicitara una prórroga de 2 años y 7 meses.
Los magistrados, sin embargo, decidieron por mayoría otorgar cinco años adicionales, considerando la magnitud del desafío y las medidas pendientes.
La decisión se adoptó tras vencerse el plazo original de cinco años concedido en 2020, durante el cual el Estado no logró reducir significativamente la sobrepoblación carcelaria, que en algunos casos supera el 500% de la capacidad instalada.
El TC había declarado esta situación como un “estado de cosas inconstitucional”, exigiendo acciones urgentes, como el cierre de los seis penales más saturados. No obstante, en una resolución publicada este martes, el tribunal optó por ampliar el plazo en lugar de aplicar sanciones.
Como parte del fallo, el TC ordenó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al Ministerio de Justicia presentar informes anuales en enero, detallando los avances en la reducción del hacinamiento.
Además, destacó algunas medidas implementadas por el Gobierno, como la ampliación de la capacidad penitenciaria, la construcción de nuevas mega cárceles —con financiamiento del BID y la CAF— y la emisión de normas que facilitan la liberación de internos de baja peligrosidad.
Entre las disposiciones más polémicas figura el Decreto Legislativo 1585, que modificó los requisitos para aplicar prisión preventiva y permitió la suspensión de penas, beneficiando a personas como el excongresista Kenji Fujimori.
En su resolución, el TC justificó la ampliación al señalar que se busca “garantizar el efectivo cumplimiento de los objetivos propuestos en la Política Nacional Penitenciaria”, sin alterar sus metas originales.

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