Hace exactamente un mes, la justicia inició uno de los más grandes operativos realizados a nivel nacional: echarle el guante a las máximas autoridades de los gobiernos regionales investigados por delitos de corrupción en sus respectivas gestiones.

El primero en caer fue el presidente regional de Áncash, César Álvarez.

Luego, la Policía detuvo al presidente regional de Pasco, Klever Meléndez, y llegó a Tumbes, donde no logró ubicar a Gerardo Viñas, titular de esta jurisdicción.

Las capturas, en las tres regiones, han dejado hasta ahora una treintena de personas en prisión. Sin embargo, hay otro grupo de 35 funcionarios y personas naturales que se han escurrido de la justicia y optado por la clandestinidad.

EL "CASO MADRE". El caso de Álvarez fue particular. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, entre el 2007 y 2013 la región Áncash recibió S/.1842 millones por concepto de canon minero.

A esto se sumaron S/.18 millones 642 mil por canon hidroenergético y S/.15.5 millones por canon pesquero.

Fue precisamente el mal manejo de este millonario presupuesto, y sus presuntas relaciones con el mundo del hampa, lo que terminó por colocar a Álvarez en una celda del penal Piedras Gordas I, en Ancón.

Por el caso "La Centralita" y por el crimen de Nolasco están detenidas ya 33 personas, pero otras 28 están no habidas.

Entre quienes optaron por mantenerse en la clandestinidad figuran el exasesor Martín Belaunde Lossio, quien se considera amigo del presidente Ollanta Humala.

Su abogado, José Urquizo, ha asegurado que la orden de detención de este empresario se debe a que ha sido involucrado en el caso bajo datos erróneos.

Belaunde Lossio ha sido acusado de poseer una empresa, Ilios Producción, que hacía diversos servicios de comunicación a la región Áncash.

Según la sindicación fiscal, está directamente vinculado al caso "La Centralita", lugar desde el cual se organizaban las campañas de demolición a los opositores de Álvarez.

Junto a Belaunde está inubicable Carlos Crisólogo Saavedra, hijo del congresista Víctor Crisólogo.

Según el parlamentario, su hijo es inocente, pues solo le hizo un favor a Jorge Burgos Guanilo, asesor de Álvarez.

Guanilo, quien también es requerido por la justicia por el caso "La Centralita" y el asesinato de Nolasco, le pidió a Crisólogo que contrate una línea telefónica que fue instalada en el local que se utilizó para el presunto centro de "espionaje".

En este grupo también se encuentran prófugos el exvicepresidente regional de Áncash Florencio Román Reyna y Yonnel José Bonilla Luna, fotógrafo oficial de Álvarez.

Román Reyna llegó a ser designado por el consejo como reemplazante de Álvarez, pero luego se pidió su detención por complicidad en el caso "La Centralita".

viñas se hizo humo. Otro caso es el del presidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas Dioses, quien logró eludir a la Policía el día que ordenaron su captura.

Según el congresista Manuel Merino de Lama, ese mismo día habría cruzado la frontera de Ecuador. Es más, puede que haya ido más al norte.

Por eso, Merino de Lama declaró a Correo que le causa extrañeza que aún no se haya solicitado su detención a nivel internacional.

Para el congresista por Tumbes, es necesario que se informe a la Interpol para que esté alerta.

Viñas es requerido por la jueza Nilda Roque Gutiérrez, quien emitió la orden de captura en su contra junto a otros 10 funcionarios, al investigarlos por la venta irregular de terrenos de playa en Punta Sal a S/.2500, pese a que su valor, según la tasación oficial, corresponde a S/.21 millones. Esto ocasionó un grave perjuicio al Estado.

Junto a Viñas están prófugos Jorge Antonio Herrera Regalado y Marcos Eduardo Visitación Quintana.

Además, la titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Betty Ávila Rojo, dictó cinco meses de prisión preventiva para Viñas Dioses por el caso "El Chamaco".

"El Chamaco" es una empresa de imprenta proveedora del Gobierno Regional de Tumbes que habría adquirido pasajes de avión para el citado presidente regional.

Por ello, la magistrada también dictó orden de detención para dos funcionarios del Gobierno Regional de Tumbes: Javier Meneses Ruger y Jorge Pardo Valladolid.

Asimismo, pidió que se capture al empresario identificado como Raúl García Nima.

Todos ellos están en condición de no habidos por la justicia.

OTROS CASOS. Respecto de las irregularidades en el Gobierno Regional de Pasco, su presidente, Klever Uribe Meléndez Gamarra, se encuentra recluido junto a su asesor Juan Boza Pulido.

A ellos se les acusa de haber recibido una coima de $100 mil para otorgar la buena pro de una obra pública a una empresa particular.

Sin embargo, no es el único caso. Meléndez también ha sido involucrado en la irregular concesión de la construcción de la represa Yanacocha.

Por ello se ha detenido al gerente de Obras José Valerio Delgado Fernández, mientras que el empresario Friedrich Horacio Tello Bardales está prófugo.

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