La congresista Heidy Lisbeth Juárez Calle (banda de Podemos Perú) ha presentado un extraño proyecto de ley, la 10296, que propone anular totalmente un proceso judicial si se detecta que una de las pruebas, entre un conjunto, es considerada “prueba ilícita”.
La iniciativa plantea modificar el segundo párrafo del artículo VIII.2 del Código Procesal Penal, referido a la legitimidad de la prueba, y el artículo 159 del mismo cuerpo normativo.
El art. VIII.2 sería reescrito y quedaría así: “Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente (...). El proceso será declarado nulo, si este tiene su origen en prueba directa o indirecta de violación de derechos fundamentales de la persona”.
La norma vigente establece que las pruebas ilícitas deben ser desechadas; en ningún caso dan lugar a la anulación de todo el proceso.
TODOS INVESTIGADOS
Un indicio elocuente de la naturaleza ética de dicho proyecto es el historial de su autora y de los legisladores que, de inmediato, la respaldaron con sus firmas.
Heidi Lisbeth Juárez Calle es investigada por cohecho pasivo y concusión. José Luna Gálvez (jefe de Podemos) por organización criminal; Guido Bellido (obstrucción a la justicia), José Arriola (concusión), Kira Alcarráz (cohecho pasivo), Edgar Tello (concusión), Darwin Espinoza (peculado y concusión) y Luis Picón, sentenciado dos veces por negociación incompatible.
ANÁLISIS
“Es obvio que este es un proyecto pro impunidad. Lo que buscan no es la defensa de los derechos fundamentales. O sea, si se ha iniciado una investigación con una prueba prohibida todo el proceso es nulo. Es una barbaridad. Yo no creo que sea un tema de ignorancia o desconocimiento de la normatividad (...)”, comentó anoche el penalista y ex procurador José Vargas Valdivia en Canal N.
