Este martes, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda competencial presentada por el Ejecutivo y resolvió suspender las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte hasta julio de 2026, cuando concluya su mandato. La decisión fue celebrada por Joseph Campos, abogado de la mandataria.
El letrado respaldó la decisión del TC, argumentando que se trata de una medida que salvaguarda la investidura presidencial y la estabilidad política del país. Aclaró además que el fallo no representa un acto de impunidad, sino un mecanismo de equilibrio constitucional destinado a evitar el deterioro de la autoridad presidencial durante el ejercicio del cargo.
Asimismo, Campos indicó que el TC “ha solucionado un problema [...] para la historia constitucional que se viene”, y no solo para le jefa de Estado.
“El Presidente debe estar tranquilo durante el mandato y lo que (el TC) ha hecho es consagrar y equilibrar la situación, como ocurría en la historia constitucional. No genera ningún tipo de impunidad, sino que genera y posterga la investigación al momento en que termina el mandato”, manifestó a RPP.
El letrado enfatizó que el fallo del máximo tribunal de justicia tiene como objetivo impedir que el debate político derive en procesos judiciales que puedan poner en riesgo la gobernabilidad.
TC suspende investigaciones fiscales contra Dina Boluarte hasta fin de su mandato
El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, disponiendo la suspensión de las investigaciones fiscales en curso contra la presidenta Dina Boluarte mientras dure su mandato.
La resolución del máximo intérprete de la Constitución fue aprobada en el pleno con base en el informe elaborado por el magistrado Pedro Hernández Chávez.
En el documento, se establece que la actuación de la Fiscalía de la Nación, así como las resoluciones judiciales que permitieron la continuidad de las pesquisas, no se ajustaban al marco constitucional previsto en el artículo 117 de la Carta Magna.
Dicho artículo precisa los supuestos por los que un jefe de Estado puede ser acusado durante el ejercicio de sus funciones. Según el Ejecutivo, la Fiscalía y el Poder Judicial estaban excediendo sus competencias al profundizar en investigaciones que no correspondían bajo dicho marco.
Al acoger la posición del Ejecutivo, el TC determinó que los procesos abiertos en el Ministerio Público contra Boluarte, materia de la demanda, deben ser suspendidos mientras se mantenga en el cargo. “Las investigaciones suspendidas continuarán con su trámite al concluir el ejercicio del cargo presidencial”, se señala en la parte resolutiva de la sentencia.
De acuerdo con la decisión del tribunal, esta medida no implica un cierre definitivo de las pesquisas, sino un aplazamiento hasta que la mandataria concluya su gestión.
Asimismo, el fallo dispone que, una vez notificadas las partes involucradas, toda investigación futura vinculada a la figura de la Presidencia de la República deberá atender a “las pautas de competencia institucional” definidas en esta resolución.
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