El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, aseguró que no existe ninguna prueba que la vincule directamente con las muertes ocurridas durante las protestas sociales iniciadas en diciembre de 2022.
En declaraciones a RPP, señaló que el Congreso actuó correctamente al archivar la denuncia constitucional.
Campos explicó que, más allá de lo que señala el artículo 117 de la Constitución, no hay evidencias de que Boluarte haya dado órdenes para reprimir a la población. Según dijo, lo que sí se ha podido confirmar es que la mandataria pidió mantener el orden público respetando los derechos humanos.
“La presidenta tenía que controlar el orden público”, indicó. Añadió que hubo sectores interesados en provocar violencia, que incluso hicieron pausas estratégicas durante las fiestas de fin de año. En ese contexto, Boluarte habría actuado dentro del marco constitucional.
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