Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte, calificó como un “show” el allanamiento al domicilio de Nicanor Boluarte. La diligencia se llevó a cabo en el marco de una nueva investigación en la que también estaría implicado el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.
“Puedo dar fe que Nicanor Boluarte no conoce a Santiváñez. Es así de simple (...) Lo único que yo sé es que Nicanor Boluarte no conoce al ministro Santiváñez. No lo conoce, sin embargo, se le articula en una situación hipotética”, declaró a RPP.
“Nicanor Boluarte niega haber ido a Ayacucho en tanto tuvo relación en esta situación. Pero eso tendrá que ser investigado, pero siempre se lamenta que las situaciones excepcionales se normalicen porque acá lo que estamos entendiendo es que parte de lo que se tiene que hacer es un show”, añadió.
El letrado subrayó que esta diligencia se ejecuta pocas horas antes de la audiencia en el Tribunal Constitucional (TC), en la que se evaluará su solicitud para apartar del caso “Los Waykis en la Sombra” tanto al juez Richard Concepción Carhuancho como al fiscal responsable de esta nueva investigación, Carlos Ordaya.
“La coincidencia es infeliz porque hoy vamos a informar para tratar de excluir de la investigación a los ‘Waykis’ tanto a Ordaya como al juez Carhuancho (...) Ciertamente lamento esta situación porque de alguna manera genera un debate que no debiera existir en este momento cuando voy a denunciar la actitud parcial del juez Carhuancho y la forma cómo investiga el fiscal Ordaya”, sostuvo.
Nicanor Boluarte: Fiscalía allana casa del hermano de la presidenta en San Borja
La Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, llevó a cabo un allanamiento en la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ubicada en el distrito de San Borja.
De acuerdo con información de Canal N, la intervención se llevó a cabo en horas de la madrugada, en el marco del operativo Ícaro, como parte de una investigación por presuntos delitos de corrupción y uso indebido de influencias.
Dicha intervención responde en una denuncia fiscal que incluye, entre otras acusaciones, el presunto favorecimiento a empresas mineras y el ocultamiento de pruebas.
De forma simultánea, se allanó una oficina ubicada en el centro empresarial de San Isidro, vinculada al general en retiro Percy Tenorio, una persona cercana al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.
Según el abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, se trataría de un nuevo caso del cual no habrían sido notificados previamente.
“No tengo ninguna información del caso. Solo he tomado conocimiento a través de la diligencia. Lo único que puedo decir es que es un abuso más de la fiscalía y eso lo vamos a determinar en el transcurso del día”, manifestó el abogado en declaraciones a la prensa al llegar a dicho inmueble ubicado en San Borja.
En ese sentido, el letrado negó que su defendido mantenga algún vínculo con la minera El Dorado, con Juan José Santiváñez o con Percy Tenorio, otro de los investigados.
“Mi patrocinado no tiene nada que ver con una minera, no conoce al señor (Juan José) Santiváñez. No conoce a ninguna de estas personas. No entiendo cómo lo están vinculando. Esto es un abuso, es absolutamente innecesario. En lugar de citarlo, lo que hacen es allanar”, añadió Vivanco.
La investigación fiscal atribuye a Nicanor Boluarte la presunta comisión de cuatro delitos: favorecimiento ilícito en procesos administrativos de la Defensoría de la Policía del Ministerio del Interior, cobros indebidos para mantener a generales en sus puestos, favorecimiento a la minera El Dorado y encubrimiento de pruebas.
Caso mina El Dorado
Entre agosto y septiembre del año 2024, los dueños de las concesiones mineras El Dorado, Agripina 1 y Agripina 2 perdieron el control de sus terrenos, por la falta de autorización emitida por la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho. Pese a esta restricción, diversas personas habrían ingresado ilegalmente a la zona.
En ese marco, se habría promovido un operativo policial para recuperar los terrenos, cuando Juan José Santiváñez ejercía el cargo de ministro del Interior. El despliegue de efectivos policiales hacia la zona estaría relacionado con un presunto favorecimiento ilícito de intereses privados, en perjuicio de procedimientos administrativos regulares.
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