Carlos Caro, abogado del exministro Juan José Santiváñez, cuestionó la reciente decisión del Poder Judicial que impide a su patrocinado salir del país durante 18 meses.

A Juan Santiváñez se le acusa de presuntamente utilizar su posición para interferir en diversas instituciones del Estado como el Tribunal Constitucional (TC), el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia, a fin de supuestamente beneficiar a uno de sus clientes.

Carlos Caro dijo en Canal N que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema fue inducida a error por la Fiscalía, al basar su resolución en información desactualizada y omitir elementos clave del proceso.

Según Caro, la principal razón que motivó la medida restrictiva fue la mención en el perfil de LinkedIn de Santiváñez sobre supuestas oficinas en el extranjero, información que, asegura, no corresponde a la realidad.

“No existen tales sedes; eran simples corresponsalías, sin operaciones reales, por lo que no representan un riesgo migratorio”, afirmó.

La defensa también refutó que Santiváñez tenga un arraigo laboral comprometido, pues su actual puesto en el Gobierno es de confianza y, al igual que su anterior cargo ministerial, puede ser removido en cualquier momento.

“Eso no implica intención de fuga”, remarcó Caro, quien además precisó que su cliente no ejerce la abogacía desde hace más de un año ni mantiene una oficina operativa.

Caso

Como se sabe, la Fiscalía señaló en audiencia que tiene evidencias en chats, audios y documentos que acreditarían que Santiváñez cobró en dólares para invocar sus influencias ante el TC, el INPE y el Ministerio de Justicia a fin de ayudar a un policía sentenciado que patrocinaba.

En una de las audiencias, el fiscal Luis Arturo Ballón expuso que en agosto de 2016, el suboficial Miguel Salirrosas Marcelo, integrante de la organización criminal “Los injertos K & K” que se dedicaba a la extorsión, fue detenido.

Juan José Santiváñez

Tras ser sentenciado en dos instancias, sus familiares buscaron a Santiváñez para ayudarlos en el proceso. De acuerdo con un testigo del caso, el 8 de enero del año pasado, Santiváñez le escribió un mensaje por WhatsApp a la esposa de Salirrosas Marcelo para pedirle 20 mil soles por sus honorarios y 20 mil dólares por concepto de “asesores externos”.

“El testigo narra que el señor Santiváñez le dijo que no se preocuparan, porque tenía sus contactos en la segunda sala del TC”, afirmó el fiscal.

Los testigos mencionaron que Santiváñez se refería constantemente a sus influencias ante el Tribunal Constitucional.

Además, el representante del Ministerio Público informó de otras conversaciones que darían cuenta de la presión de Santiváñez para que se realice el pago, a fin de que el TC programe la audiencia del caso.

El pago se hizo y la audiencia se realizó, pero no fue favorable para el policía. Posteriormente, según el testigo, Santiváñez explicó que el siguiente paso sería un recurso de aclaración ante el TC.

“Nosotros tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando, los magistrados ahí, sobre todo por ejemplo el doctor (Gustavo Gutiérrez) Ticse dice que no puede ser tantos años, que en todo caso debería revaluarse el tema de la sentencia”, habría dicho el ministro del Interior.

Cambio de pabellón

El caso del policía no fue resuelto a su favor, por lo que Santiváñez apeló a su poder como ministro del Interior. “Me dijo ´yo sé que puedo hacerlo, porque contamos con la cercanía, ahora mas que nunca´”, relató uno de los testigos.

En otro momento, Santiváñez habría pedido un cambio en el régimen impuesto al detenido Salirrosas, quien estaba aislado por riesgo. “La invocación de influencias en esta oportunidad fue ante el jefe del Inpe”, dijo el fiscal.

El fiscal agrega que en las conversaciones, Santiváñez hace referencia a que ya habló con el ministro de Justicia para el cambio de pabellón.

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